Han pasado 54 días desde el 23 de junio, cuando el secretario de Economía anunció por primera vez apoyos para las empresas afectadas por las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores del Estado (CNTE). Ese día, Ildefonso Guajardo estaba en Oaxaca y detalló que habría recursos cuyo monto oscilaría entre los 10,000 y … Continued
Han pasado 54 días desde el 23 de junio, cuando el secretario de Economía anunció por primera vez apoyos para las empresas afectadas por las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores del Estado (CNTE). Ese día, Ildefonso Guajardo estaba en Oaxaca y detalló que habría recursos cuyo monto oscilaría entre los 10,000 y los 20,000 pesos por empresa, además de financiamientos por un monto que podría llegar hasta los 2 millones de pesos.
Los apoyos ofrecidos no se han materializado: siguen siendo papel y discursos. No han llegado a las empresas de Oaxaca, Chiapas, Guerrero ni Michoacán. Mientras tanto, el daño económico sigue creciendo: son 5 millones diarios en Oaxaca; 5 millones en Guerrero; 8 millones diarios en Michoacán; 6 millones en Chiapas… Las cifras extraoficiales hablan de 18,000 millones en pérdidas económicas durante los tres meses de imperio de la CNTE en esos cuatro estados. Esta cantidad es comparable al daño que provocó Odile en Baja California en el 2014.
El drama va más allá de las pérdidas cuantificadas. No hay una cifra que mida cuánto vale la pérdida del Estado de Derecho ni hay actuario capaz de tasar el desánimo o la furia. El coraje no se dirige sólo contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sino también contra el Gobierno. Ha prometido soluciones rápidas al conflicto y apoyos para los afectados, pero los tiempos de los funcionarios de gobierno no son los tiempos de la sociedad y los empresarios.
¿Por qué no fluyen los apoyos? Ése es uno de tantos misterios. Es comprensible la dificultad para lograr una solución política rápida (aunque el secretario de Gobernación no ha explicado su definición de rápido). La CNTE es un hueso duro de roer en la mesa de negociaciones y es fácil entender la reticencia de las autoridades al uso de la fuerza. Lo ocurrido en Nochixtlán en el intento del desalojo de la carretera marca un límite imaginario y real al uso de la fuerza. No hay quien garantice que hay capacidad operativa para hacerlo sin provocar un derramamiento de sangre.
¿Estaba listo el programa de apoyos cuando lo anunció Ildefonso Guajardo el 23 de junio? Seguramente no. En ese momento era una respuesta de bote pronto, una ocurrencia. Él iba a Oaxaca a una reunión de economía digital, organizada por la OCDE. El problema es que el primer anuncio generó expectativas y puso en marcha un reloj de la exigencia. Ya han pasado 93 días de plantones y casi dos meses de la promesa. Los empresarios están desesperados. No llega la solución ni los apoyos.
No hay un censo confiable de empresas afectadas ni se han dado a conocer los mecanismos concretos que se utilizarán para entregar los apoyos. Lo del censo no tiene remedio: las entidades tomadas por la CNTE tienen altas tasas de informalidad y esto incluye información económica deficiente. Se dice que hay 650,000 empresas afectadas, pero será imposible comprobarlo. Definir el procedimiento para otorgar-recibir los apoyos no debería ser tan complicado: el Gobierno tiene su propia infraestructura y podría ser complementado por los organismos empresariales y la banca privada. Una parte sustancial de los recursos podría entregarse a fondo perdido. El problema es que el Gobierno tiene su propia forma de contar el tiempo. Su calendario no siempre es el de todos los demás.
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