¿Populismo penal?

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Alberto AguirreSignos vitales

Ricardo Monreal tendrá la responsabilidad de conseguir los votos suficientes para instaurar el nuevo modelo para enfrentar al crimen

Al pleno del Senado de la República, a mediados de la semana, llegará el debate sobre la Guardia Nacional. El PAN, a través de Kenia López Rabadán, ha jugado su última carta: emplazar al Ejecutivo federal para que solicite una Opinión Consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la convencionalidad de la propuesta de reforma constitucional, luego de que diversos especialistas han señalado que contraviene los derechos humanos de los mexicanos.

Ricardo Monreal tendrá la responsabilidad –en el último tramo de un esfuerzo que involucró al consejero Jurídico del gobierno federal, Julio Scherer Ibarra, y a los secretarios Olga Sánchez Cordero, de Gobernación, y Alfonso Durazo Montaño, de Seguridad Ciudadana, de conseguir los votos suficientes para instaurar el nuevo modelo para enfrentar al crimen.

El incremento de las violaciones de los derechos humanos y la extensión de la impunidad están en el centro de la oposición a la Guardia Nacional, pero el populismo penal (Edna Jaime dixit) tendría otros efectos perniciosos, como la criminalización de la pobreza y un sistema judicial desbordado.

Aprisa, sin pausas, las piezas de este rompecabezas están por completarse. La elección de la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, implica la construcción de otros consensos y —sobre todo— está inmersa en una desgastante pugna entre facciones morenistas que tiene como protagonista a la magistrada Yasmín Esquivel Mossa, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

AMLO remitió al Senado de la República una terna para reemplazar a la ministra Margarita Luna Ramos, que completan Loretta Ortiz Ahlf, académica e investigadora con carrera legislativa, y la magistrada Celia Maya García, presidenta del Tribunal de Justicia de Querétaro.

El próximo jueves 21, en un desayuno convocado por la Asociación de Abogados Litigantes de México, la magistrada Esquivel Mossa recibirá la presea Benito Juárez, que le otorga el Congreso Nacional de la Abogacía. ¿Acto de desagravio o una ramplona promoción para la esposa del empresario José María Riobóo?

Y es que a medida de que el proceso de elección de la nueva ministra entra en su etapa definitiva se multiplican los pronunciamientos sobre la nominación de la presidenta del TCA-CDMX. La mayoría, en contra. Y focalizados al presunto conflicto de interés.

Sus resoluciones jurisdiccionales han sido sujetas de un milimétrico escrutinio: las impugnaciones a la Supervía Poniente, el desechamiento de la demanda ciudadana en contra de la instalación de parquímetros, o la permisibilidad de construcciones irregulares y de instalación de gasolineras sin el debido uso del suelo, son asuntos polémicos que sustentarían las críticas.

Y también, las contrataciones de personal, en la Presidencia del Tribunal, que ha decidido bajo motivaciones de cercanía política o de amistad. La inclusión de un hijo del exsecretario del Gobierno capitalino, Héctor Serrano, y del ingeniero Sergio Samaniego (actualmente encargado del proyecto del aeropuerto de Santa Lucía) en su equipo de asesores serían prueba de su discrecionalidad.

¿Crítica o fuego amigo? También han circulado las evidencias de que el general Rafael Macedo de la Concha, exprocurador general de la República, tuvo un contrato con la Presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa.

“La forma en la que ha desplegado su campaña para ser ministra, con gastos notoriamente elevados, revela su concepción de la vida institucional e incluso resulta ofensiva para el Senado y para la Corte”, sostiene un colectivo de activistas y organizaciones ciudadanas en una carta remitida al Senado que circula profusamente desde hace una semana, en la que además de patentizar su rechazo a la magistrada Esquivel, demandan que sea investigada por la Auditoría Superior de la Ciudad de México y que se lleve a cabo una amplia auditoría sobre su gestión.

EFECTOS SECUNDARIOS

CIRCULAR UNO. Por escrito, el presidente Andrés Manuel López Obrador comunicó a los integrantes del gabinete legal y ampliado: “Hemos tomado la decisión de no transferir recursos del Presupuesto a ninguna organización social, sindical, civil o del movimiento ciudadano, con el propósito de terminar en definitiva con la intermediación que ha originado discrecionalidad, opacidad y corrupción. Todos los apoyos para el bienestar del pueblo se entregarán de manera directa a los beneficiarios”. El Ejecutivo federal recordó a sus colaboradores que deberán cumplir con las disposiciones legales para que obras, adquisiciones y servicios se contraten mediante licitaciones y con absoluta transparencia.

¿EN LA MIRA? Justo dos semanas después de la fusión de Grin y Yellow, el gobierno de la Ciudad de México revocó el permiso otorgado a la empresa de renta de scooters, cuyos accionistas también han financiado al servicio de entregas a domicilio Rappi. El asunto inevitablemente llegará a los tribunales, pero el plan de posicionar a Grow como el campeón local de la micromovilidad ha sufrido un duro revés. Si los voceros de la empresa tecnológica insisten en quejarse de la arbitrariedad de las autoridades capitalinas y no cesan con su campaña mediática contra el secretario Andrés Lajous —dicen los que saben— pronto podrían desvelarse sus vínculos con una exvocera calderonista con esa empresa.

RETRASADOS. Imprimir, distribuir y comercializar los billetes de cada uno de los sorteos de la Lotería Nacional toma entre 60 y 90 días, informó el vocero del organismo dirigido por Ernesto Prieto Ortega. Ese factor y el cambio de administración explican que los billetes de los sorteos celebrados durante los últimos tres meses estén rubricados por los extitulares de la SHCP y de la Lotenal. Y a partir del sorteo superior 2,588, a celebrarse el próximo 1 de marzo, serán incorporadas las firmas en facsímil de Carlos Manuel Urzúa Macías y de Prieto Ortega, quien así lo informó a la Junta Directiva. “Todo está debidamente validado y conforme a derecho”, sostienen. Pero la Ley Orgánica de la Lotería Nacional dispone otra cosa.

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