Política y legalidad

Para muchos, todo lo que ocurre en medio de una elección es intencionadamente político, particularmente lo que no viene a modo. Puede ser una actitud defensiva o una convicción, y desde luego que pueden darse casos legales por interés electoral; sin embargo, también es cierto que hay procesos que no atienden a razones de cálculo político electoral, aunque lo parezcan.

Los tiempos de la justicia son diferentes a los del proceso legislativo. En la primera, la discrecionalidad es muy acotada, incluso no actuar puede tener consecuencias legales; la aprobación de leyes tiene otra circunstancia, y en estos tiempos ha sido común hacer de la agenda legislativa un recurso de campaña, especialmente por el presidente López Obrador y sus afines. Nada impide que el Congreso actúe y en todo caso, lo importante no es el impacto electoral de las reformas o las nuevas leyes, sino sus efectos en la calidad de vida de las personas.

​También son tiempos de la justicia política en sus dos expresiones. La actuación del Tribunal Electoral y los llamados juicios políticos que en esta ocasión se han activado por la iniciativa de Morena contra la ministra presidenta, Norma Piña, y la Senadora Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la oposición. Por su parte, el PAN ha anunciado que hará lo propio con el ministro en retiro Arturo Zaldívar, acciones más mediáticas que estrictamente judiciales.

Es indebido politizar la justicia, y una de las fórmulas más perniciosas es cuando desde el poder se da una interpretación política o electoral de las acciones y decisiones judiciales. Con ello se desacredita la acción legal en curso y, por otra parte, propicia la impunidad, bien sea porque los juzgadores desisten de actuar o bien porque una vez que concluyen las elecciones los procesos judiciales pierden impulso.

Las controversias judiciales, investigaciones internas y todos los procesos análogos deben continuar y seguir su curso en el marco del debido proceso y de la presunción de inocencia. Será inevitable que las partes en competencia utilicen los casos en función de sus objetivos electorales; no debiera ser por parte del gobierno y las autoridades jurisdiccionales no deben distraerse de su cometido por el ruido mediático asociado a la competencia en curso.