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Cada gobierno cree que su reinvención sexenal es la mejor política industrial y que las empresas se tienen que reinventar al ritmo de sus ideas políticas.

En la historia reciente no hay duda de que los momentos del populismo gubernamental han sido los peores para el sector privado mexicano.

Lo mismo la destrucción económica propiciada por la dupla Echeverría-López Portillo que los desplantes de desprecio a las empresas del expresidente López Obrador.

Más allá de estos capítulos negros para el desarrollo del capital privado, cada etapa ha tenido buenas o malas decisiones gubernamentales para impulsar al sector industrial.

Por ejemplo, en los tiempos del llamado Desarrollo Estabilizador, de los años 50 y 60 del siglo pasado, la política fue la autonomía económica, el desarrollo de una industria nacional de sustitución de importaciones.

Proteccionismo arancelario, subsidios y crédito estatal, intervencionismo del Estado en sectores estratégicos como el energético.

El populismo de los 70 y 80, de la mano de un cambio en el paradigma mundial hacia la apertura, reventaron el modelo y llevaron a una política industrial de supervivencia.

Una crisis profunda estructural y macroeconómica que llevó al empobrecimiento de la sociedad y sus empresas. Esto preparó el camino a la apertura comercial.

Durante la época de la apertura económica entre los años 90 y las primeras dos décadas de este siglo, la política industrial se ha sintetizado en una frase quizá mal entendida: “la mejor política industrial es que no haya política industrial”.

Sucede que el Consenso de Washington buscaba que las economías en apertura tuvieran estabilidad macroeconómica, reducción de sus déficits fiscales y una liberación comercial sin intervenciones distorsionantes del Estado.

Y funcionó muy bien, pero en México tuvo varias fallas elementales: dejó vivos los atavismos estatistas en materia energética, no consolidó un Estado democrático de respeto al Estado de derecho y olvidó el bienestar de aquellos que quedaron al margen del mercado. Estas fallas estructurales, más que la propia apertura, fueron utilizadas por el oportunismo populista de López Obrador para empeorar el panorama.

La solución no es el regreso al proteccionismo, sino la corrección de estos errores de origen, que no son las exigencias del sector privado.

Uno de los pocos funcionarios de este régimen que le entienden, pero que tienen poco margen de maniobra, es Marcelo Ebrard. Sus cartas credenciales incluyen lo que él sí hizo en la Ciudad de México que no hicieron otros gobernantes de su mismo régimen.

El punto es que aquello que dice de que “un país que no tenga una política industrial agresiva no le va bien”, no se puede reducir sólo a alinearse a las buenas intenciones del Plan México o a los aranceles de Donald Trump.

Ciertamente hay que plantarle cara a China, que no es un defensor del libre comercio, es una nación colonialista que usa el comercio como arma de expansión.

Pero si se quiere ser agresivo en la política industrial se tienen que atender las viejas exigencias del sector privado.

Son cinco pilares básicos: seguridad jurídica y regulatoria; seguridad energética con precios competitivos; infraestructura estratégica y logística; capital humano y formación de talento e incentivos horizontales, no selectivos, para las cadenas de valor.

Una política industrial así más que agresiva sería asertiva.

Si se quiere ser agresivo en la política industrial se tienen que atender las viejas exigencias del sector privado.