Con la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación en el Senado, quedó claro que el Congreso no tiene mucha prisa por remediar los desequilibrios financieros en los que ha caído México durante esta administración. Era tímido el acercamiento con la disciplina fiscal que planteaba el paquete enviado por el Ejecutivo y con … Continued
Con la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación en el Senado, quedó claro que el Congreso no tiene mucha prisa por remediar los desequilibrios financieros en los que ha caído México durante esta administración.
Era tímido el acercamiento con la disciplina fiscal que planteaba el paquete enviado por el Ejecutivo y con los cambios realizados por los diputados y avalados por los senadores se mantiene esa ruta de corrección del déficit de la cuenta corriente, pero más lento por ese afán de obtener más recursos en el papel, para gastar más en la vida real.
Más allá de los centavos más al dólar, de los barriles más a la producción y del trabajo extra que le ponen al Servicio de Administración Tributaria para que cobre mejor los impuestos, lo que parece que moverá notablemente las cosas el próximo año es el esquema de liberación de los precios de las gasolinas.
El planteamiento inicial era que como parte de la reforma energética, quedara abierto el mercado de gasolinas a partir del 2018. Ahora, con ese pretexto de la apertura gradual y ordenada, se ganó todo el 2018 como un año donde se mantendrá la discrecionalidad de los precios controlados por la Secretaría de Hacienda.
La apertura gradual de los precios de las gasolinas es una condición que parece necesaria por las condiciones de un mercado que no conocemos. Pero tienen que ser esa la motivación, no un pivote discrecional que permitiera que la apertura real pudiera llegar una vez que pasen las elecciones federales del 2018.
No hay manera de prever qué sucederá con el mercado petrolero mundial. Hasta ahora todos los pronósticos han fallado, pero uno de los escenarios que más posibilidades tiene es que se logre alguna especie de arreglo entre los productores petroleros para poner un techo al bombeo de crudo.
Esto, junto con una mejora en el consumo, podría elevar algunos dólares el precio del barril de petróleo y con ello los precios de las gasolinas. Lo que podría llevar a aumentos incluso superiores a 10 o 15% los precios en México.
La Comisión Federal de Competencia Económica fue reducida simplemente a dar una opinión sobre los sitios preparados para competir y cuáles no. Evidentemente que esta instancia no clasificaría al país con un calendario de preferencias electorales.
Al final, la decisión sobre dónde sí y dónde no dejar de subsidiar las gasolinas, vía un precio fijado por la Secretaría de Hacienda, será de la Comisión Reguladora de Energía, que debe encontrar la manera de dejar en claro que sus criterios no se cruzarán en ningún momento con cualquier mapa de colores partidistas.
La apertura gradual y por regiones durante todo el 2017 y todo el 2018 que aprobó el Congreso tiene un terrible riesgo de uso político que tiene que quedar anulado por criterios claros de la autoridad.
Porque es evidente que bajo las condiciones actuales de alza en los precios de los combustibles, el daño político sería frontal para el partido en el poder. Pero ni hablar, ellos mismos eligieron el modelo y ahora tienen que aguantar las consecuencias.
Y si hay alguna desviación con fines electoreros, le tocará a los opositores políticos frenar el uso de las gasolinas para llenar los tanques electorales con votos subsidiados.
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