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Justo hace dos meses, cuando todavía no concluía el proceso legislativo que derivaría en la llamada “reforma para simplificación orgánica”, comenzó a operar un nuevo sujeto obligado a la Ley General de Protección de Datos Personales. La Agencia para la Transformación Digital mañana comenzará a existir formalmente, pero desde el primer minuto del actual sexenio inició sus tareas, desde la Coordinación de Estrategia Digital de la Oficina de la Presidencia.

Habilitar el autenticador digital y de acceso único a las plataformas digitales del gobierno de México tomaría apenas cuatro semanas al equipo de José Merino. El agregador gob.mx se mantendrá como el portal articulador de las dependencias oficiales, pero la Llave.Mx comenzará a funcionar como la ventanilla única de trámites para personas físicas y morales que debió adelantar su estreno, ante las amenazas de Donald Trump a la comunidad mexica radicada en Estados Unidos.

Abierto hace 48 horas, este nuevo registro está disponible para connacionales y extranjeros que requieran realizar algún trámite consultar, pero a partir de esta semana también admitirá la inscripción de cualquier ciudadano. Los requisitos –por ahora— no implican ningún biométrico o la captura de algún documento de identidad. En menos de tres minutos, con un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico, es posible crear una cuenta.

La expedición de actas de nacimiento y la renovación de pasaportes para los connacionales radicados en la Unión Americana serán los primeros servicios que ofrecerá la nueva ADyT. Una primera intervención en una escala manejable, para estandarizar los procedimientos de las oficinas consulares que ahora también actuarán como extensiones del Registro Nacional de Población. La nueva agencia quedará –de facto— como la nueva responsable de garantizar el derecho a la identidad, consagrado en la Constitución.

¿Y el reconocimiento de la personalidad jurídica? La implementación de un servicio nacional de validación de la identidad será el siguiente paso. En el mediano plazo. La reforma constitucional dejó en la nueva dependencia encabezada por Merino las atribuciones plenas para concretar el registro biométrico de los mexicanos.

Un asunto de la mayor complejidad, pues actualmente todos los documentos, credenciales, matrículas, cédulas, pasaportes o cualquier otro análogo que tenga como fin acreditar la identidad para ejercer una función específica están detrás de la incidencia en la ejecución de delitos como el robo o la suplantación de identidad, la trata y el tráfico de personas o el fraude al estado civil de las personas.

La inexistencia de documentos oficiales con datos personales de identidad fidedignos ha acarreado innumerables problemas jurídicos y sociales, así como daños al erario y a las finanzas personales.

Las instituciones públicas no cuentan con un servicio nacional de identificación con el que puedan interoperar de manera eficiente y eficaz para corroborar los datos de identidad de la persona que solicita un servicio o trámite, lo que genera que no exista información suficiente y certera respecto a los datos de identidad de las personas, dificultando el diseño, aplicación y adecuado seguimiento de las políticas públicas.