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La semana pasada, la SHCP entregó a la Cámara de Diputados el Paquete Económico para el 2024 que incluye las propuestas de Criterios Generales de Política Económica (CGPE), Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y de Ley de Ingresos.

Como se ha vuelto costumbre, el paquete propuesto no contempla modificaciones sustanciales en materia fiscal ni normativa.

Al igual que el año pasado, el estimado de crecimiento del PIB para el 2024 se ubica por arriba del consenso de especialistas del sector privado. Sin embargo, el resto de las variables en el marco macroeconómico presentado incluye estimados prudentes.

Es importante mencionar que las principales diferencias en el marco del Paquete Económico del 2023 vs el consenso de mercado fueron los estimados de inflación y crecimiento del PIB, en las que los CGPE consideraban 3.2 y 3.0%, respectivamente, cuando el consenso de mercado se ubicaba en 4.7 y 1.4 por ciento.

Aunque la inflación para este 2023 debe cerrar más cerca del pronóstico del sector privado, es necesario reconocer que la apuesta de la SCHP a que no habría una recesión o desaceleración mayúscula para la economía de Estados Unidos fue atinada y que los especialistas del sector privado tuvieron que ir enmendando su pronóstico equivocado con el pasar de los trimestres hasta empatar con la estimación original de la SHCP.

Para el 2024, los CGPE contemplan un rango de crecimiento del PIB de 2.5 a 3.5% (con una estimación puntual de 3%) mientras que el consenso de mercado se ubica en 1.8 por ciento. La SHCP sigue apostando a que la tan esperada desaceleración en Estados Unidos seguirá sin materializarse de manera importante.

En el lado de la inflación, el estimado es de 3.8%, ligeramente por debajo del 4.0% esperado por consenso de especialistas del sector privado.

Dentro de los demás supuestos clave de los CGPE para el 2024 destacan: (i) una tasa de interés Cetes a 28 días para cierre de año de 9.5% vs el consenso de 8.5%; (ii) un precio de 56.7 dólares por barril para la mezcla mexicana comparado con el precio actual de casi 84 dólares; y (iii) una plataforma estimada de producción de crudo de 1.983 millones de barriles diarios, ligeramente mayor a la del 2023.

Bajo estos supuestos, la SHCP estima que el saldo total de los Requerimientos Financieros del Sector Público (los RFSP son la medida más amplia de las necesidades de financiamiento del sector público) como porcentaje del PIB se ubiquen en 5.4% vs el déficit estimado de 3.2% incluido en los Precriterios de abril y el déficit estimado para este 2023 de 3.9 por ciento. Este déficit es el más alto como porcentaje del PIB desde 1988.

Adicionalmente, la SHCP estima un déficit primario (es decir el balance público de ingresos y gastos excluyendo el costo financiero de la deuda) de 1.2% del PIB comparado con un superávit estimado de 0.1% para el 2023.

Claramente, el paquete contempla un incremento significativo en el déficit público. Aunque una parte se explica por el incremento en los costos financieros derivados de un entorno de tasas de interés más altas, el incremento de casi 1.4 puntos porcentuales como porcentaje del PIB en el déficit primario es para financiar un crecimiento en el gasto público primario por arriba de los ingresos presupuestarios.

El proyecto incluye un estimado de crecimiento de 7.8% en el gasto total y un incremento de tan sólo 0.8% en los ingresos.

El gobierno claramente está aplicando una política fiscal expansiva para cerrar su sexenio con un fuerte impulso a los programas sociales y la conclusión de sus obras emblemáticas de infraestructura, además de transferir una cantidad enorme de recursos para apuntalar financieramente a Pemex.

Esta ampliación del déficit está siendo fondeada por un incremento de 7.8% en el saldo de la deuda pública (incluyendo los RFSP) que pasaría de un estimado de 46.5% del PIB al cierre del 2023 a 48.8% en el 2024.

Aunque el incremento en el déficit a 5.4% del PIB para el 2024 resulta incómodo e insostenible, la expectativa de la SHCP es que este incremento sea temporal (debido a la conclusión de las obras prioritarias de infraestructura de este gobierno) y que el déficit baje a 2.6% para el 2025 y que el saldo de la deuda pública como porcentaje del PIB se mantenga en 48.8 por ciento.

Asimismo, el hecho de que el saldo de la deuda pública como porcentaje del PIB se mantenga cómodamente por debajo de 50% es un atenuante importante.

Sin embargo, la siguiente administración tendrá un reto importante de reducción del gasto público para cumplir con el pronóstico de reducción del déficit del 2025 en adelante.