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La ruta para el registro de las nuevas formaciones que intentarán sumarse al sistema de partidos ha comenzado, con la apertura del periodo de registro. El INE, en el corte de la primera jornada, reportó que siete organizaciones han manifestado su intención de cumplir con los requisitos estipulados en la legislación vigente.

Para constituir un nuevo partido político nacional, los pretensos deben celebrar asambleas por lo menos 20 de las 32 entidades federativas o en 200 de los 300 distritos federales. En cada una de esas reuniones deben participar 3,000 afiliados, cuando sean estatales, o 300 por distrito electoral.

Siete organizaciones, en el primer día laboral del mes. Quedan tres semanas para que otras agrupaciones ciudadana cumplan con informar de su intención al INE, de conformidad con lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos.

En los dos procesos previos (2013 y 2019), la cifra de organizaciones ciudadanas interesadas en conformar una fuerza política ha crecido exponencialmente. En el primer caso hubo 52 manifestaciones de intención, pero solo 24 llegaron a la última fase; al siguiente ciclo fueron 106 postulantes, pero solo 42 fueron admitidas por la autoridad electoral.

Solo Morena ha logrado, por la vía de las asambleas estatales, cumplir con los requisitos. En el espectro ideológico, el partido oficialista y sus aliados —PT y el PVEM— son identificadas por el electorado como formaciones de izquierda.

Un nuevo partido de centroderecha y con una rotunda definición antigobiernista es lo que cabría en el ecosistema partidista. Pendientes del avance que tomará el autodenominado Frente Cívico, líderes sociales y exfuncionarios públicos han comenzado a discutir sobre su participación en esta iniciativa.

Hace tres semanas, un grupo de notables —entre los que hubo excandidatas presidenciales, exintegrantes de gabinetes panistas y priistas, exconsejeros electorales y consultores políticos— acudieron a un encuentro decembrino, auspiciado por Pedro Saez.

Los esbozos de una probable hoja de ruta fueron trazados en esa reunión decembrina, con la certeza de que habrá dos iniciativas –México Republicano y la propuesta conservadora encabezada por Eduardo Verástegui— que avanzarán por sus propios carriles.

Si bien la debilidad del PRI y del PAN abre espacio a una formación emergente, coincidieron, la pulverización de los esfuerzos, coincidieron, es muy conveniente para el régimen morenista.

Sin vinculación directa con los promotores de los nuevos partidos, se han planteado coadyuvar en materializar el objetivo estratégico para las elecciones intermedias del 2027: evitar que Morena y sus aliados obtengan la mayoría constitucional en San Lázaro. Dicha tarea partiría de la identificación de los distritos donde sea factible derrotar al oficialismo.

Al margen de estos análisis, un escenario que ampliamente se discute en un sector del oficialismo: una consulta popular por la revocación del mandato.

Efectos secundarios

DESTERRADOS. Al cumplir sus primeros100 días como alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega refrendó su promesa de hacer un gobierno transparente, eficiente, respetuoso de la ley y garantista de los derechos laborales de sus empleados. Rojo de la Vega señaló que la última década, su demarcación estuvo atrapada por la corrupción y el abandono, lo que afectó a los vecinos, pero también a los empleados de la alcaldía.