El TEPJF resolverá en definitiva sobre la calidad de una elección que —a pesar de sus complejidades— se sostiene en la legalidad, la participación y la transparencia
Las ONG’s Poder Ciudadano, Consejo Nacional de Litigio Estratégico, PROJUC, Defensorxs, Práctica Laboratorio para la Democracia y Laboratorio Electoral acudirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para sumarse a la impugnación que candidatos que participaron en la elección extraordinaria del pasado 1 de junio y especialistas en la materia electoral formularán sobre la validez de los resultados emitida por el INE. Su petición es inexpugnable: buscar la nulidad de estas elecciones que carecen de integridad.
“Nueve de cada 10 mexicanos rechazaron esta farsa. Hubo amenazas, acordeones y acarreo”, sintetizó José Guadalupe Acosta Naranjo, integrante de la iniciativa Galileo, otra de las agrupaciones que mañana acudirán al INE para reclamar la nulidad de la elección judicial. “Somos quienes creemos que la República no se entiende sin equilibrio entre poderes”, insistió.
Los magistrados de la Sala Superior comenzarán con la tramitación de un primer paquete de juicios de inconformidad, aunque la definitividad y certeza del cómputo de los votos y la validez de los comicios quedó decretada en el seno del Consejo General apenas en la víspera.
En la conclusión de la primera etapa de esta elección, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, fue contundente: “Ni las avalamos ni las ocultamos (las irregularidades). Las reconocimos, las expusimos y actuamos en consecuencia”. Efectivamente, de forma proactiva, los consejeros procedieron a identificar públicamente las anomalías y excluir del cómputo nacional entre 800 y 900 casillas —menos del 1% del total de las más de 84,000 habilitadas el 1 de junio— por presentar irregularidades graves.
“Quienes intentaron penetrar el sistema electoral mexicano no se salieron con la suya”, advirtió el consejero Uuc-kib Espadas Ancona. A pesar de las limitaciones presupuestales, insistió, el sistema contuvo y desactivó los intentos de adulteración antes de que contaminaran los resultados. “Casillas donde haya habido cualquier intento de alteración, no cuentan. Y eso fue aprobado por unanimidad”.
El INE no ignoró lo que ocurrió. Al contrario, lo enfrentó con responsabilidad, y lo hizo dentro de sus atribuciones legales y técnicas. Separó “la paja del trigo”, resumió Espadas Ancona.
Las dudas sobre la integridad del proceso electoral, empero, fueron sembradas por el bloque de consejeros electorales que propuso no validar los cómputos, ante la “duda razonable” generada por las grosera guías de votación (los famosos acordeones) y otros visos de compra y coacción del voto.
Ahora, los magistrados del Tribunal Electoral deberán dictaminar si la voluntad ciudadana fue vulnerada y si los errores o malas prácticas aisladas alteraron de manera determinante la voluntad ciudadana. Resolverán en definitiva sobre la calidad de una elección que —a pesar de sus complejidades— se sostiene en la legalidad, la participación y la transparencia. La ruta para la nulidad abstracta parece imposible.
Efectos secundarios
TURBIEDADES. “Ninguno obtuvo la mayoría calificada”, resumió la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, Vania Pérez Mendoza, al informar a sus colegas sobre la sesión matutina en la que debía designarse al sustituto de Roberto Moreno Herrera, el pasado martes 17. ¿Verdades a medias? La terna de candidatos fue rechazada por los cinco integrantes del órgano de gobierno, tras de que la secretaria Anticorrupción, Raquel Buenrostro, invalidara el proceso de selección que la misma Pérez Mendoza censuró no obstante su intervención en las etapas previas del proceso, que concluyó de la peor manera. Además de deslindarse de la selección de la terna, la presidenta de CPC se quejó de una campaña de linchamiento. Aludía a la denuncia tramitada por presunto abuso de autoridad, difamación, acoso laboral, colusión y violaciones administrativas graves en su contra y que también implica al encargado de Despacho de la Secretaría Técnica de la SESNA, José Antonio Hernández Aguirre. Por su parte, el comisionado Rafael Martínez Puón se quejó del maltrato a los participantes –“los borraron de un plumazo”— pero no pudo evitar que se reponga el procedimiento… a menos que los afectados acudan a las instancias jurisdiccionales.
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