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La propuesta fue entregada a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez
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Ayer se cumplió también un mes de primeras planas y tiempos estelares de radio y televisión en torno de la tragedia de Iguala-Ayotzinapa. El hecho es una derrota en sí para la estrategia del gobierno del presidente Peña Nieto, que se empeñó desde el día uno en eliminar el tema de la violencia como asunto de interés general.

Iguala-Ayotzinapa es, sin duda, una historia extraordinaria que sigue produciendo historias sorprendentes y descomunales. Es comprensible su fuerza periodística. Pero que un país de 120 millones de personas aparezca congelado por un asunto de violencia regional, no deja de sorprender. Eso no ocurrió, por ejemplo, cuando el hallazgo de los 72 cadáveres en San Fernando, Tamaulipas, en 2010. O cuando la muerte de las 52 personas en el casino Royale de Monterrey, en 2011.

No entro en consideraciones políticas, sociológicas, psicológicas sobre las diferencias de estos 43 desaparecidos con aquellos 72 y 52. Solo pregunto, ¿en dónde está el resto del país; en dónde, ese otro México?

Está extraviado, congelado. Creo que, en gran parte, por la creciente incapacidad para debatir el tema de la violencia y el crimen. Todo sigue siendo una politizada repartición de culpas. Y bien dijo ayer en Laberinto el historiador francés Patrick Boucheron: “Nos odiamos cuando no sabemos discutir”.

Ojalá la tragedia guerrerense sirva al menos para encauzar un discurso de unidad en la lucha contra los criminales, cuya victoria (Enrique Krauze dixit) no llegará antes de una generación.

Entre otras cosas, porque ya vimos que es una historia que no se puede ocultar por decreto.