No somos iguales

En el debate sobre los lineamientos para proteger los derechos de las audiencias se ha perdido de vista una diferencia esencial: frente a la libertad de expresión, ciudadano y autoridad no ocupan el mismo lugar. 

La propuesta contempla mecanismos para que las audiencias formulen observaciones, reclamos o solicitudes de réplica ante los medios concesionados y prevé la intervención de la autoridad cuando la respuesta resulte insatisfactoria. El problema aparece cuando el propio gobierno pretende colocarse como una voz más, como si ejerciera derechos en condiciones semejantes a quienes están sujetos a su poder.

No es así. El ciudadano tiene derechos frente al Estado; la autoridad tiene facultades, límites y obligaciones frente al ciudadano. Un periodista opina, interpreta, investiga y critica. El gobierno, cuando habla desde una tribuna oficial, tiene un deber superior: informar con veracidad, sustento y responsabilidad.

Por eso resulta impropio invocar el derecho de réplica desde el poder como si Palacio Nacional fuera un particular agraviado. La autoridad puede aclarar, precisar, desmentir y aportar pruebas; lo que no debe hacer es transformar los instrumentos del Estado en una plataforma para litigar políticamente contra periodistas, medios o adversarios. La diferencia no es semántica, sino democrática.

La conferencia mañanera tampoco es un medio de comunicación, es un acto de comunicación gubernamental. Quien ocupa esa tribuna dispone de información pública, aparato institucional, recursos del Estado y una capacidad de amplificación incomparable con la de cualquier ciudadano. Pretender igualdad entre ambos significa desconocer la asimetría que justifica las libertades públicas.

Siempre habrá tensión entre el poder y la prensa, sobre todo cuando ésta incomoda. Precisamente por eso la libertad de expresión no puede quedar condicionada al criterio de la autoridad sobre lo que considera verdadero, equilibrado o justo.

Los medios deben responder por sus excesos y fortalecer su autorregulación. Por su parte, el poder debe responder por algo distinto: sus actos. Esa es la diferencia fundamental. La libertad de expresión protege al ciudadano frente al poder; no fue concebida para proteger al poder frente al ciudadano. No somos iguales.