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Es entendible lo enardecido de la indignación. Se comprende cierta pendencia. Hasta ahí. Lo otro es desorientación o, llanamente, un doloso aprovechamiento político de la desgracia. Seguir tachando de asesino a quien no mató a los jóvenes de Ayotzinapa solo puede ser propio de una muy torcida, aviesa mala fe.

El gobierno federal no los mató. El gobierno de Guerrero no los mató. Los mataron, Héctor Aguilar Camín dixit, los hijos de puta. Y no veo ni escucho una condena pública contra los asesinos. Como si se tratara de eximir a la estructura de los Guerreros Unidos.

La ineficacia del Estado mexicano en el terreno de la inseguridad es indudable. De ello hemos dado cuenta sin cesar en La historia en breve desde el primer día de gestión del presidente Peña Nieto. Quienes siguen esta columna saben que no aceptamos la invitación para eliminar el tema de la violencia del debate periodístico. Pero en el caso Iguala-Ayotzinapa los culpables son otros. Los hijos de puta en esta historia son:

* Un grupo criminal que asuela amplias regiones de Guerrero. Ellos son los eficaces raptores, ejecutores fríos, calcinadores luciferinos.

* Dos administraciones municipales (Iguala y Cocula) que, por sumisión y/o colaboración, trabajaron de la mano de los Guerreros Unidos.

Tuiteó Enrique Krauze: “Comparto la exigencia ciudadana de justicia hecha al Estado; pero estoy esperando la primera manifestación ciudadana contra los criminales”.

Basta de deshonestidad intelectual. A los 43 los mataron los criminales profesionales que saben producir y desencadenar el horror. Volteémonos contra ellos.