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El último pleito público que tuvieron un presidente y un gobernador del Banco de México (Banxico) se dio durante la administración de Felipe Calderón, cuando él y su secretario de Hacienda, Agustín Carstens, reclamaban al titular del banco central, Guillermo Ortiz, la prevalencia de tasas de interés en niveles altos que entorpecían la recuperación económica.

Al final el banco central, con todo y críticas, mantuvo su política monetaria restrictiva y logró el objetivo de controlar la inflación. Felipe Calderón simplemente no postuló a Ortiz Martínez para un segundo mandato y por el contrario, impulsó a Agustín Carstens.

Fue aquel un episodio muy positivo, porque el banco central dejó ver el valor de su autonomía y de su misión exclusiva de combatir la inflación, aun en contra de lo que pensara el propio presidente de la República.

El exabrupto del fin de semana del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es otra cosa.

De entrada, hay un marcado desconocimiento de la condición económica de este país. O bien, una calculada intensión de presentar un escenario catastrófico.

Preocupa, y mucho, que el próximo presidente de este país diagnostique que la economía de México esté en bancarrota.

Hoy López Obrador tiene a su disposición toda la información sensible y secreta de las entretelas del poder y desde esa posición lanza una declaración de ese tamaño. Eso es algo preocupante.

Lo cierto es que los mercados ubicaron estas palabras más en la arenga de la plaza pública más que en el terreno serio del diagnóstico. El peso ganaba y las bolsas también, y no mostraban ninguna preocupación por ese supuesto estado de bancarrota nacional.

Lo que debe angustiar es que la gente que le sigue ciegamente recibe un mensaje que puede turbar sus planes económicos y provocar una profecía autocumplida de crisis.

Para otros sectores, debe tomarse en cuenta que, de manera adelantada, el próximo gobierno esté buscando responsables ante la eventual ocurrencia de una crisis económica, derivada de las políticas que se apliquen el próximo sexenio.

López Obrador lo tiene todo, tiene el poder, tiene a los diputados y a los senadores, no hay oposición que se le pare enfrente con posibilidades de frenar cualquier decisión que le plazca. Por lo tanto, le faltan chivos expiatorios.

Es entonces cuando en este país que ve en la supuesta bancarrota, aparece la figura de un posible responsable: el Banco de México.

La diferencia pública entre Calderón y Banxico, incluso el agarrón que se dieron en privado el gobierno de Peña Nieto y el propio banco central fue por temas realmente de competencia del Banco de México. Fue por diferencias de enfoque en la política monetaria.

El mandato casi exclusivo del banco central mexicano es preservar el poder de compra de la moneda, combatir la inflación pues. No está entre sus facultades la política financiera, como presume el presidente electo.

Es un hecho que conforme avance el sexenio, el Banco de México podrá ir diluyendo la autonomía con la sustitución programada de los integrantes de la Junta de Gobierno. Acabarán los mandatos y podrán llegar integrantes a modo.

Pero por lo pronto invocar una bancarrota inexistente de la economía mexicana y situar al Banco de México del lado de la mafia del poder, capaz de provocar una crisis en el futuro que impida que López Obrador cumpla con muchos de sus planes, corre en contra del sentido común.