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A través de su consulado en Vancouver, la Secretaría de Relaciones Exteriores entregó a Napoleón Gómez Urrutia el certificado de nacionalidad que presentó ante el INE para registrar su candidatura al Senado de la República.

El Tribunal Electoral reconoció la validez de ese trámite y sin mayor examen, calificó como infundada la queja del PRI contra el registro del líder minero como abanderado de Morena, que a su juicio era improcedente por contar con doble nacionalidad; no acreditar residencia efectiva de seis meses anteriores a la elección y carecer de un domicilio en territorio nacional, como demostraría su credencial para votar vigente.

Gómez Urrutia cumplió con los trámites, pero las suspicacias sobre sus escrúpulos van in crescendo, lo mismo que el riesgo de conflicto de interés. Napoleón Gómez Urrutia adquirió la nacionalidad canadiense y con ello estableció vínculos, lealtad y sumisión con sus leyes y autoridades.

La dirigencia nacional de Morena presentó ante el INE el certificado de nacionalidad que obtuvo Gómez Urrutia, de conformidad con el artículo 12 del Reglamento de la Ley de Nacionalidad. Con ese documento de identidad, la SRE reconoció su calidad de mexicano por nacimiento, pero quienes impugnaron su candidatura —los dirigentes mineros Carlos Pavón Campos, Javier Villarreal Gámez y Elías Morales Hernández— sostienen que en Canadá no hay registros de que haya renunciado a la nacionalidad que obtuvo hace una década, por adquisición voluntaria.

¿Un prurito procedimental? La expedición del certificado tendría los efectos de reconocer que el solicitante no ha adquirido otra nacionalidad. Pero si un mexicano por nacimiento que obtuvo otra nacionalidad por adquisición voluntaria no podría ser sujeto de la expedición del certificado, pues sólo podrían recibirlo aquellos mexicanos por nacimiento que sean nacionales de otro país porque les fue atribuida dicha nacionalidad en función del principio de ius sanguini.

Un mexicano por nacimiento, que se haya sometido en forma voluntaria al poder de una soberanía extranjera, desde esa perspectiva, no debería acceder a un cargo de elección popular por una cuestión de protección a la soberanía de nuestra nación. Y Napoleón Gómez Urrutia no es canadiense bajo los principios de ius soli o ius sanguini, sino porque hizo una solicitud y una gestión expresa y voluntaria, en pleno uso de sus facultades y conciencia, hace cuatro años.

Resuelta la impugnación sobre la validez del registro de la candidatura de Gómez Urrutia, quedaría pendiente ponderar si su unción como legislador puede generar agravios o afectación a la nación que sean de imposible reparación al decidir sobre aspectos que envuelvan un conflicto de interés entre México y Canadá. ¿Ejemplos? La renegociación del TLC.

En decisión dividida (cinco a favor de la propuesta de la magistrada presidenta, Janina Otalora y dos en contra), el pleno del TEPJF resolvió que la candidatura de Napoleón Gómez Urrutia cumple con los requisitos constitucionales. Esa resolución hará posible su arribo a un escaño. Y también, a mantener en firme su liderazgo sindical. Las dudas sobre la nacionalidad del secretario general del STMMRM quedarían disipadas y también las impugnaciones sobre su derecho a representar a ese gremio laboral.

Tras el fallo del TEPJF, las partes en conflicto revisan los escenarios electorales. Y es que el carro completo que algunos avisoran para Morena en las votaciones del próximo 1 de julio marginaría a Gómez Urrutia del Senado. En cambio, Miguel Ángel Mancera tendría asegurado su escaño y probablemente, la jefatura de la bancada perredista.

“Napito va a representar a Canadá aquí en la Cámara de Senadores” de México, lamentó Carlos Pavón, líder de la Unión Nacional de Sindicatos Minero-Metalúrgicos y Metal-Mecánicos de México, “es ciudadano canadiense… está muy agradecido… con Canadá”.

“Como órgano jurisdiccional constitucional, la Sala Superior no hace política”, alegó el magistrado Felipe Alfredo Fuentes, “este tribunal no juzga nombres sino casos. Un tribunal constitucional debe ver siempre por el respeto a la Constitución en todas sus dimensiones, sin vincular ánimos personales. No estamos al servicio de ningún partido ni de ninguna persona. La legitimación de las resoluciones de este tribunal deviene de la observancia y exacta aplicación de lo que la voluntad popular, a través del Constituyente permanente dispuso en la Constitución federal”.

EFECTOS SECUNDARIOS

DAMNIFICADOS. Las elecciones primarias de antier, en California, tendrán impactos en México. Y es que el exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa, busca la nominación demócrata para contender por la gubernatura, dentro de cinco meses. La victoria del liberal Gavin Newsom resultaba un tanto previsible, pero que el empresario republicano John Cox obtuviera la segunda posición, por delante de Villaraigosa y con el sorpresivo apoyo del presidente Donald Trump. El exalcalde angelino contrajo nupcias el año pasado con una empresaria nayarita y es el contacto de la izquierda social con la cúpula demócrata, particularmente con los Clinton. ¡Qué tal!

RELEVOS. Luis Téllez Kuenzler y Anthony Wayne, exembajador de EU en México, se incorporan al consejo asesor del Instituto México del Woodrow Wilson Center, para ocupar las vacantes que dejan Roger W. Wallace y José Antonio Fernández Carbajal, tras de 15 años de trabajo a favor del primer think tank enfocado a estudiar la relación bilateral. En San Diego, la universidad californiana trabaja en la conformación de un nuevo centro de estudios, que dirigirá el exasesor calderonista, Rafael Fernández.