Monografía escolar, no diagnóstico

Sin diagnóstico, la iniciativa presidencial de reforma electoral trae una monografía plagada de lugares comunes, consignas obradoristas, afirmaciones históricas a modo y mentiras contumaces.

Arranca con la obviedad de que México es una república democrática, representativa y federal (por si no lo saben diputados y senadores).

Su narrativa es propia quizá de los libros de texto gratuitos porque recorre:

300 años de opresión, Morelos y los Sentimientos de la Nación, el Acta de Independencia de 1821, las Leyes de Reforma, la separación Iglesia-Estado, la creación del Registro Civil, la libertad de imprenta y de enseñanza; la Constitución de 1857 y la reafirmación del régimen republicano, el reconocimiento de los derechos humanos, el fortalecimiento de los supremos poderes; el derecho a votar y ser votado, el porfiriato y las inversiones extranjeras, la concentración de la riqueza y la Revolución de 1910, la Constitución del 17, los artículos 27 y 123 de la cuestión agraria y del trabajo y, en el Siglo XX, el sistema político y su tránsito hacia “un esquema de hegemonía”.

Nada que dé idea de lo que se quiere mejorar y por qué, pero sí una gran patraña:

“Ha sido largo el camino por consolidad la democracia en México (…). Los escandalosos fraudes electorales de 1988, 2006 y 2012 son parte de esta historia accidentada de transición a la democracia en México. A pesar del espíritu autoritario del régimen y de la represión, las fuerzas verdaderamente democráticas perseveraron. México tardó 40 años (¿los “neoliberales”?) en llegar a la democracia, incluso se estableció una alternancia que fue en realidad una simulación democrática”. Y se plasma el cuentazo de que la democracia en México empezó (con AMLO) en 2018, negando implícitamente la legitimidad de los triunfos electorales en la capital del país de los entonces perredistas Cuauhtémoc Cárdenas, Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera en 1997, 2000, 206 y 2012, y de los presidentes panistas Vicente Fox y Felipe Calderón en 2006 y 2012, y el priista Enrique Peña Nieto en 2012.

A partir del obradorato nace la “transformación” con un “cambio que materializó el ideal de justicia social y democracia de las luchas históricas del pueblo mexicano…”.

En ese contexto, “el pueblo manda y el pueblo quita, es el pueblo el poder supremo de nuestra patria. La actualización del marco constitucional, particularmente en materia electoral, responde a la necesidad de fortalecer la confianza ciudadana, perfeccionar las instituciones democráticas y garantizar que el ejercicio del poder público se mantenga permanentemente vinculado al interés general, al bienestar colectivo, a los derechos humanos y a la centralidad del pueblo como titular originario de la soberanía”.

¿Por?

La “exposición de motivos”, pues, no es un razonamiento jurídico sino un ejercicio de propaganda histórica. Un documento que pretende justificar cambios constitucionales con relatos ideológicos para ilusos…

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@CarlosMarin_soy