Ahora la pregunta es cuándo se van a hacer cargo los legisladores, tanto federales como estatales, de hacer una reforma a las fiscalías para que de verdad sirvan a la ciudadanía
LIC. KENIA LÓPEZ RABADÁN,
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA,
CÁMARA DE DIPUTADOS:
+ Ineficacia: inutilidad, inoperancia,
incapacidad, nulidad.
Diccionario de la Real Academia
Ahora que se hizo la reforma a la Reforma Judicial se perdió la gran oportunidad para unificar los códigos penales y hacer una transformación en las fiscalías, una de las patas más importantes del sistema de justicia. Todos hemos escuchado historias de terror sobre los ministerios públicos, pero es fecha que nada se ha hecho al respecto y al ver las cifras sobre su desempeño no puede uno menos que rogar a Dios no tener que estar frente a una barandilla.
Se lo comento porque llegó a mis manos el estudio Radiografía de las fiscalías en México: evaluar para fortalecer la procuración de justicia elaborado por México Evalúa y la Fundación Friedrich Nauman.
Las organizaciones llevaron a cabo estudios cuantitativos y cualitativos sobre las fiscalías estatales, incluidos los cambios legales ocurridos en las últimas dos décadas, a fin de identificar qué factores las han potenciado u obstaculizado en su funcionamiento. Es decir, parten del marco institucional y normativo para aterrizar en la realidad operativa de las fiscalías. Los resultados no pueden ser más sombríos.
Una de las variables estudiadas es la confianza ciudadana. 62.9% de la población considera que en el Ministerio Público y en la fiscalías existe la corrupción, ubicándose así en los niveles negativos más altos dentro de las instituciones de seguridad y justicia. A lo anterior se suma la percepción de que en las fiscalías hay un margen muy amplio de prácticas discrecionales, ineficiencias y abusos.
En síntesis, la legitimidad de su actuación es muy baja.
Dentro de las fiscalías está aún peor la policía ministerial dada la opacidad con la que se conduce, la baja incorporación de tecnología para sus investigaciones y, sobre todo, la falta de resultados visibles.
Si bien la entrada en vigor de la reforma penal y del sistema acusatorio elevaron el número de casos iniciados en las fiscalías al pasar de 647 por cada 100 mil habitantes a mil 700, ello no se traduce en una mayor y mejor procuración de justicia. El punto es que también hay un aumento notable de casos que quedan pendientes, generando una suerte de bola de nieve que tiene gran impacto en el rezago y, por ende, en la impunidad. Baste señalar que al finalizar 2024 había más de 2.6 millones de casos sin concluir en las fiscalías, y eso que no se sumaron en esta medida los casos que se van al archivo temporal.
Vistos estos datos por entidad, llama la atención que mientras en Nuevo León, Sonora y Durango los casos abiertos en los que se ha logrado imputar a un presunto responsable alcanzan el 70% y más, en los últimos lugares encontramos a Hidalgo con apenas 4.3%, Michoacán 5.7% y la CDMX con 9.3%. Estos números indican que hay un severísimo déficit en el cumplimiento de las órdenes de aprehensión.
Permítame volver al archivo temporal; es un mecanismo utilizado mientras se recolectan más datos e indicios, pero en la realidad es como enviar el expediente a un hoyo negro porque ahí permanecerá hasta su prescripción. El promedio nacional de casos que caen el archivo temporal es de 26%; sin embargo, hay estados que muestran cifras escandalosas como Jalisco (76%), Oaxaca (75%) y la CDMX (57%). Uno se pregunta en qué ocupa su tiempo el personal de estas fiscalías, sobre todo si se toma en cuenta que uno de los delitos más frecuentes que se archivan es la violencia familiar.
Otra variable que afecta negativamente el desempeño de las fiscalías es el desconocimiento que tienen los funcionarios y la población sobre los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC) en materia penal para los casos de bajo impacto social. Los MASC permiten que el agresor y la víctima puedan resolver la reparación del daño manera rápida, pero solo se ha utilizado en el 3.22% de los casos. Aparte de la ignorancia está el detalle que una resolución de este tipo implica que la fiscalía dé seguimiento a los acuerdos reparatorios, lo cual le demanda más trabajo que simplemente archivar.
El espacio se me acaba, señora diputada, para abordar las demás carencias de las fiscalías como indicadores de gestión y de resultados, la unificación de los códigos penales, la transparencia y la profesionalización. Pero con los datos que aquí le dejo tendrá para meditar un rato.
Ahora la pregunta es cuándo se van a hacer cargo los legisladores, tanto federales como estatales, de hacer una reforma a las fiscalías para que de verdad sirvan a la ciudadanía.
+ Con la colaboración de Upa Ruiz
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