Las acusaciones de Maduro contra diplomáticos mexicanos por el atentado en su contra son una herramienta más para conservar el poder
El contencioso diplomático que quiere abrir Nicolás Maduro con México por un supuesto atentado en su contra, es una malísima copia del comportamiento de plaza sitiada, purgas y razzias que, para conservar el poder, ordenan los manuales de las dictaduras de factura soviética.
Satrapías como la de Maduro necesitan una Gestapo (su siniestro Sebin) que teja urdimbres como aquel “atentado” con características de fantochada, que le permiten mostrarse como víctima para justificar represión y mantener en vilo a sus gobernados con sainetes.
Un sainete como este de relacionar a personal diplomático mexicano en Caracas con el presunto atentado, que, según el libreto del Servicio Bolivariano de Inteligencia, habría sido preparado con un dron cargado de explosivos durante un acto del mandatario.
Por supuesto que el gobierno mexicano rechazó de manera categórica los “infundados” señalamientos, con la aclaración de que su personal diplomático actúa siempre con pleno respeto al derecho internacional y conforme a los principios de política exterior.
Sin embargo, con México, la farsa de Maduro no pasará de ahí, aunque nuestro gobierno tendría que llevar su respuesta a todas las instancias internacionales, porque no es la primera vez que Caracas embarra el nombre de nuestro país en sus peligrosos jueguitos de política exterior.
Quienes sí sufren con estas vueltas de tuerca son los ciudadanos venezolanos, como dos bomberos que enfrentan una condena de 20 años de cárcel por burlarse en twiter de Maduro, a través de un video en el aparece como “Maburro”.
Los dos trabajadores, Ricardo Prieto y Carlos Varón, fueron apresados y metidos en un hoyo oscuro de la tenebrosa Dirección General de Contrainteligencia Militar. Y el jueves fueron detenidos 34 gerentes de supermercados privados, por supuestamente ocultar productos.
Y, desde hace más de un mes, se encuentra secuestrado e incomunicado en alguna mazmorra el diputado opositor Juan Requesens, acusado de volar el dron con explosivos del “atentado”.
Según Maduro, el nombre de Requesens “brincó” en interrogatorios a detenidos.
Algo que ya vivió otro opositor: en tres horas de juicio, Leopoldo López, condenado a 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas de cárcel por publicar tuits contra Maduro, en un acto en el que presentaron 108 testigos en su contra y fueron desechados los 60 deponentes del acusado.
Como conductoras de una democracia efectiva, la administración actual de México, y la que gobernará desde el 1 de diciembre, están obligadas moralmente a contribuir en los foros internacionales a una solución pacífica a la grave crisis de libertades y garantías que sufre Venezuela.
Ambas deben de continuar la denuncia de la represión por parte de las fuerzas del orden, la existencia de presos políticos, la detención incesante de diputados…
Condenar la dictadura siempre.
Minuto a minuto
