Menos escollos al T-MEC

La minoría demócrata en el Congreso de Estados Unidos condicionó la aprobación del nuevo tratado comercial con México y Canadá, al cumplimiento de un listado específico de disposiciones en materia laboral. La democratización de los sindicatos, por supuesto, y el incremento de los salarios, pero sobre todo el pleno ejercicio de los derechos de los trabajadores, al contratarse con los empleadores.

La reforma laboral aprobada por los legisladores mexicanos resultó insuficiente para sus contrapartes, quienes estiman —con fundamentos— que la implementación de los cambios será difícil y requerirá una inversión sustancial para construir las nuevas instituciones laborales y apoyar el surgimiento de sindicatos democráticos a través de elecciones.

Otros ramos productivos —la protección de la propiedad intelectual y algunos sectores de la agroindustria, por citar los más beligerantes— también presentaron resistencias, tanto de los equipos negociadores como en las consultas en el cuarto de junto.

Menos visibles, pero igual de omisosos, los factores ambientales esgrimidos por legisladores y altos funcionarios estadounidenses para objetar el acuerdo con México. A lo largo del río Bravo hay varios focos de alerta, pero las mayores preocupaciones están en Tijuana, por los escurrimientos y derrames de aguas residuales en aquella megaurbe bajacaliforniana, que contaminan los afluentes del lado americano.

Un tema que durante la firma del primer Tratado de Libre Comercio de América del Norte estuvo entre los temas más relevantes. Y es que hace tres décadas, México y ­Estados Unidos unieron esfuerzos por desarrollar proyectos de saneamiento para sus comunidades fronterizas. La solución de esta problemática requirió de grandes obras de infraestructura que hoy en día están rebasadas principalmente por el aumento de actividades económicas y el crecimiento poblacional.

Desde hace siete años se han presentado fallas importantes relacionadas con el deterioro de infraestructura construida en los años 90 del siglo XX. Han ocurrido interrupciones en el tratamiento de aguas residuales o en las plantas de bombeo y colapsos en la red de conducción. Esto se ha enfrentado con soluciones parciales que sólo postergan lo inevitable: una falla crítica que puede generar derrames sin control hacia Estados Unidos, lo que provocaría y generaría fricciones importantes entre ambos países.

En un esfuerzo conjunto entre la Secretaría de Hacienda y la de Relaciones Exteriores, en el PEF 2020 quedaron asignados 260 millones de pesos para realizar las obras y acciones indispensables para reducir el riesgo de falla de las cuatro principales plantas de bombeo del Sistema de Saneamiento de Tijuana, con las que se logra desalojar las aguas residuales al océano Pacífico. Así podrá habilitarse un nuevo Programa de Saneamiento de la Frontera Norte, que de acuerdo con los cálculos iniciales, demandará inversiones superiores a los 15,000 millones de pesos forma multianual, con visión al 2030.

Adicionalmente, estaría la construcción de una planta desaladora en Playas de Rosarito, Baja California, contemplada en el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del sector privado, cuyo costo estimado es de 10,600 millones de pesos.

Efectos secundarios

ÉXODO. Ricardo Orrantia Cantú, mandamás de Grupo Altavista, es uno de los emprendedores más arcanos de las épocas recientes. De los campos agrícolas de Sinaloa a las grandes ligas entre los integradores de servicios computacionales en el foxismo hay un agujero negro, en su biografía. Sus autos, sus yates, sus fiestas… el polémico empresario acumulaba tres sexenios en el padrón de proveedores, pero con la 4T han afrontado bloqueos y desprecios. Y aunque cercanos suyos revelan que había anunciado que cambiaría su residencia a Miami —al menos por un año— ahora que estarían en curso las pesquisas sobre su fortuna, crece la convicción de que no regresará a México.

¿DESCUIDOS? El hackeo al Infonacot cumplirá una semana, sin que las autoridades hayan podido restablecer los sistemas informáticos para originar y cobrar los créditos, mucho menos, identificar a los responsables. Aunque sobran los sospechosos, lo que resulta increíble es que el área de tecnologías de la información en ese organismo haya estado acéfala más de un año.

OLVIDADOS. Claudia Sheimbaum cumplió un año como jefa de Gobierno en la Ciudad de México y, en este periodo, el Consejo de Publicidad Exterior sólo ha sesionado una ocasión y su página web está “por actualizar” desde hace un año, sin que los capitalinos tengan certeza sobre la integración de este órgano deliberativo —consejeros, secretario técnico y consejeros invitados permanentes– fundado en 2010 con el encargo específico de garantizar que los permisionarios cumplan con sus obligaciones. Una industria que representa 7,000 millones de pesos al año en la CDMX, pero sin rectoría.