Así que la suerte o el paradero físico de Rubén Rocha Moya pasa a segundo término cuando la radiografía financiera de su administración, de sus complicidades al más alto nivel del morenato, ya está en manos de los fiscales estadounidenses
No hace falta que la administración de Donald Trump se atreva a una barbaridad mayor mandando marines en sus Blackhawks para desenterrar de su escondite a un gobernador con licencia tan protegido por el régimen, cuando la pista del dinero es mucho más poderosa que una operación militar.
Llama más la atención que un general en retiro, como Gerardo Mérida, se entregue a las autoridades estadounidenses, a que lo haga un empresario como Enrique Díaz. Sin embargo, más allá de que ambos desmantelan la cantaleta gubernamental de: “pruebas, pruebas, pruebas”, es el exencargado de las finanzas de Sinaloa el que tiene la llave maestra para que realmente se pueda sacar hilo de Rocha Moya y se llegue a la hebra de los niveles más altos de eso que llaman “el movimiento”.
El talón de Aquiles de las complicidades de la narcopolítica es el sistema financiero, porque, en colusión o por ignorancia, puede quedar atrapado, señalado y castigado por parte de las autoridades estadounidenses.
El repentino cambio federal de negarlo todo a colaborar con “las medidas preventivas de inmovilización a Personas Políticamente Expuestas de Sinaloa” por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda tiene que ver con la capacidad de reacción de las autoridades financieras de Estados Unidos. Estas no requieren tropas invasoras, solo necesitan a la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro para tomar acciones muy costosas para el sistema financiero mexicano.
La memoria financiera de este país no debería olvidar la sacudida de mayo de 1998, cuando la Operación Casablanca demostró con crudeza que ni las fronteras, ni los discursos de soberanía son un impedimento para buscar dinero ilícito.
No hubo en aquel momento colaboración del gobierno mexicano para que el Departamento del Tesoro desmantelara una red de lavado de dinero del crimen organizado en instituciones bancarias del tamaño de Banca Serfín, Confía o Bancomer. Aquel golpe no solo dejó decenas de ejecutivos bancarios detenidos, sino que contribuyó a una reconfiguración del sistema bancario mexicano.
Seguro que cuando en el régimen vieron que el encargado de las finanzas de Rocha Moya decidió entregarse prefirieron bajarle dos rayitas a su letanía de las pruebas y colaborar financieramente con las autoridades estadounidenses, sobre todo porque, más allá de aquel mayo del 1998, se acordaron del octubre del año pasado y de cómo el FinCEN llegó hasta los talones del propio López Obrador.
Vector, la casa de bolsa de Alfonso Romo, hoy forma parte de la historia negra que Morena quisiera olvidar, junto con CIBanco e Intercam, por los vínculos que, según el Departamento del Tesoro, tenían con transferencias a empresas chinas de precursores de fentanilo y el acuerdo de culpabilidad de un tal Ovidio Guzmán.
Así que la suerte o el paradero físico de Rubén Rocha Moya pasa a segundo término cuando la radiografía financiera de su administración, de sus complicidades al más alto nivel del morenato, ya está en manos de los fiscales estadounidenses.
No hizo falta el despliegue militar; lo que hoy pesa es la inteligencia financiera. La entrega voluntaria de Enrique Díaz desarmó por completo la narrativa oficial que exigía “pruebas” y deja en claro uno de los mantras de la justicia internacional: “follow the money”.
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