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Este miércoles la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se presentó en las oficinas de la Fiscalía General de la República, en la colonia Doctores de la Ciudad de México, para responder a un citatorio que le fue entregado el pasado sábado en la capital del estado.

A la mandataria se le convocó en calidad de testigo dentro de la investigación federal relacionada con la muerte de dos agentes vinculados a la CIA, tras un operativo en la Sierra Tarahumara donde fue desmantelado un narco laboratorio.

Después de verla entrar a la FGR, me surgieron dos preguntas inevitables:

¿Está naciendo una nueva figura nacional?

¿O estamos viendo únicamente una jugada política cuidadosamente calculada en tiempos de precampañas adelantadas?

Vamos por partes.

Lo que comenzó como un citatorio “en calidad de testigo” se convirtió rápidamente en un caso político de alto voltaje. La defensa de Maru Campos denunció inconsistencias jurídicas en el documento, argumentando que mezclaba figuras correspondientes a un imputado mientras formalmente se le citaba como testigo.

Pero el problema dejó de ser solamente jurídico desde hace días.

Porque aquí ya no se discute únicamente un operativo en la Sierra Tarahumara. Se trata de una guerra sin cuartel de la 4T por conquistar la gubernatura del estado el año entrante.

Maru decidió acudir en la Ciudad de México con un mensaje claro y contundente:

“Esto es persecución política por combatir al narco”.

Hay que reconocer algo: políticamente, el movimiento le funcionó.

Arropada por figuras visibles del PAN —desde Jorge Romero hasta Ricardo Anaya— transformó un trámite judicial en un acto de desafío político abierto frente al gobierno federal. Su frase más repetida en estos días:

“Protegen a los criminales y persiguen a quienes cumplimos con nuestro deber”,
encuentra eco en un país agotado por la violencia, la impunidad y la percepción de una justicia selectiva.

Pero también hay que decirlo: ella contribuyó parcialmente a la confusión que hoy la rodea.

Sus declaraciones públicas han mostrado contradicciones importantes. Primero aseguró no tener conocimiento sobre la participación de agentes extranjeros; después reconoció que existe colaboración internacional necesaria en materia de seguridad. Ese cambio de narrativa le dio a Morena argumentos para acusarla de jugar con temas delicados de soberanía nacional y de intentar victimizarse políticamente.

Y seamos sinceros: en México pocos políticos desperdician la oportunidad de convertirse en perseguidos cuando les puede resultar rentable.

Mientras tanto, el contraste con otros casos —como el del gobernador Rubén Rocha Moya— fortalece la percepción de que en México la justicia suele aplicarse con distinta intensidad dependiendo del color político.

Y ahí es donde el caso deja de ser exclusivamente judicial para convertirse en un fenómeno político nacional.

Porque más allá del escándalo mediático, Chihuahua bajo el gobierno de Maru Campos presenta indicadores que sus simpatizantes presumen con insistencia. Uno de los más relevantes: el saneamiento financiero del estado. A eso se suma una narrativa de gestión, orden administrativo y confrontación directa contra grupos criminales.

Es la primera mujer gobernadora de Chihuahua y ha construido una imagen de liderazgo firme, particularmente bien valorada en sectores empresariales y en parte del norte del país.

Y mientras el PAN sigue sin encontrar una figura nacional clara rumbo a 2030, Maru parece haber entendido algo fundamental: en México, muchos liderazgos opositores no se construyen gobernando… se construyen confrontando.

¿Es la heroína que México esperaba?
Probablemente no en el sentido épico o romántico.

Pero sí podría representar el tipo de liderazgo que muchos mexicanos, cansados de la polarización, de la inseguridad y de la guerra política permanente, están dispuestos a considerar: una figura pragmática, frontal y dispuesta a pelear políticamente contra el poder federal.

El tiempo dirá si esta resistencia nace de una convicción auténtica… o de una estrategia brillantemente ejecutada.

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