La agenda económica de esta semana ha sido marcada por tres noticias negativas para nuestro país. En primer lugar, el lunes se dieron a conocer los datos del Producto Interno Bruto (PIB) para el segundo trimestre del año, confirmando que la economía mexicana está en desaceleración. En segundo lugar, la Secretaría de Hacienda y Crédito … Continued
La agenda económica de esta semana ha sido marcada por tres noticias negativas para nuestro país. En primer lugar, el lunes se dieron a conocer los datos del Producto Interno Bruto (PIB) para el segundo trimestre del año, confirmando que la economía mexicana está en desaceleración. En segundo lugar, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) revisó su pronóstico de crecimiento para la economía mexicana en el 2016 de un rango de 2.6-3.6% a uno de 2.0-2.6 por ciento. En tercer lugar, la calificadora Standard & Poor’s (S&P) modificó su perspectiva sobre la calificación soberana de riesgo crediticio para México de Estable a Negativa.
En cuanto al PIB, las cifras publicadas por el Inegi revelan que durante el segundo trimestre del año la economía mexicana se contrajo 0.2% con respecto al trimestre inmediato anterior (con base en cifras desestacionalizadas). Estos datos representan el peor trimestre en términos de crecimiento desde el segundo trimestre del 2013 y apenas la segunda contracción trimestral desde el 2009.
Aunque es claro que la recesión del sector petrolero en nuestro país -consecuencia de la caída en el volumen de producción y la disminución en los precios internacionales de crudo- es un pesado lastre para la actividad económica, también se observó una contracción en la actividad manufacturera -consecuencia de la recesión del sector manufacturero en Estados Unidos. Esta desaceleración hace muy probable que la economía mexicana acabe creciendo por debajo del rango revisado por la SHCP.
El cambio de perspectiva por parte de S&P sin duda está ligado con la ineludible realidad de que la economía mexicana sigue creciendo a tasas por debajo de lo esperado. La desaceleración en el crecimiento del PIB, en combinación con un incremento más acelerado en la deuda del sector público, amenaza con llevar la relación deuda-PIB de un nivel actual de 45% a un rango de 47-48% para el 2018-19.
El cambio de S&P se da en un momento importante, ya que la SHCP debe entregar al Congreso el Paquete Económico del 2017 para su discusión en septiembre. Aunque el cambio de perspectiva de S&P tuvo un impacto inmediato en los mercados -provocando una depreciación del peso frente al dólar y una caída en la Bolsa Mexicana-, la probabilidad de una reducción en la calificación por parte de S&P se ve lejana, siempre y cuando el gobierno tome medidas más audaces para asegurar que la deuda pública crezca a un ritmo más lento que el PIB.
En su nota, S&P hace un reconocimiento a los esfuerzos que ha hecho el gobierno por mantener una política fiscal cautelosa. No obstante, aunque lo más probable es que México mantenga su calificación actual de riesgo soberano, lo que resulta frustrante es que hasta hace un par de años la discusión entre los especialistas se centraba en si México podría obtener un aumento en su calificación actual de “BBB+” para lograr la ansiada “A”.
En ese entonces, S&P destacaba algunos de los avances de México en materia de finanzas públicas como: i) la disminución de la deuda total como porcentaje del PIB; ii) la sustitución de deuda externa por deuda interna de largo plazo; iii) la mejoría en el perfil de amortizaciones de la deuda; iv) la institucionalización de la disciplina fiscal, y v) las perspectivas de una reforma fiscal integral.
Desafortunadamente, a pesar de las reformas (incluyendo una reforma fiscal), la dinámica económica y las finanzas públicas nos han llevado a un escenario de deterioro en la relación de deuda total como porcentaje del PIB, y la dinámica política, a una creciente preocupación sobre la debilidad del marco institucional.
Este último punto se ha hecho más evidente en los últimos meses con los bloqueos ilegales de la CNTE que han paralizado la actividad económica en algunos estados del país y que ponen en peligro la implementación eficaz de la reforma educativa. Esta debilidad en el Estado de Derecho genera incertidumbre sobre la implementación eficaz y la longevidad del resto de las reformas que son la base para que México pueda generar un mayor ritmo de crecimiento en el mediano y largo plazo.
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