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Con las encuestas bajo el brazo, el presidente nacional de Morena decidió las seis candidaturas del 2022 con un criterio de paridad de género y una regla de oro: nominar a los más competitivos.

El correlato implica un castigo a las aspirantes. Y es que, para Aguascalientes donde la coalición izquierdista arrancaría en desventaja frente al PAN, la experredista Nora Ruvalcaba sería postulada a una misión imposible, electoralmente hablando.

Las encuestas daban una clara ventaja al empresario Arturo Ávila, por encima de la delegada de los programas federales. Pero una peculiar regla de ajuste fue aplicada en sentido inverso, literalmente.

Entre las seis entidades en las que habrá elecciones para renovar las gubernaturas, Tamaulipas —donde actualmente gobierna el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca — registra la mayor intención de voto para Morena. Y la “encuesta de reconocimiento” dio como mejor posicionado al senador Américo Villarreal, sobre la exalcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz.

La segunda entidad con mejores perspectivas, electoralmente hablando, es Oaxaca. Allí, los sondeos favorecieron a Salomón Jara por encima de la también senadora Susana Harp.

En Quintana Roo, ubicada en el tercer lugar de acuerdo a los criterios de competitividad, la nominación recaerá en Mara Lezama, quien se impuso al senador José Luis Pech.

La alcaldesa de Cancún fue la única en quedar en primer lugar en las encuestas, lo que obligaba a la directiva partidista a reservar dos nominaciones para mujeres.

Morena no gobierna en las seis entidades en juego. Pero la intención de voto definió que Durango y Aguascalientes —en orden descendente — sean las gubernaturas menos competitivas. Y para esos casos, los ganadores de las encuestas (Ávila, en la entidad hidrocálida, y el senador José Ramón Enríquez) fueron descartados.

Paridad en las nominaciones, pero desigualdad en el acceso a los medios para triunfar. Al cierre de esta entrega, la senadora Harp era la única aspirante que había manifestado públicamente su rechazo a la fórmula aplicada por la dirigencia partidista. Del famoso criterio de competitividad supieron los involucrados la madrugada del pasado 23.

Un criterio político, más una herramienta metodológica. El aspirante mejor evaluado por las encuestadoras en Durango, José Ramón Enríquez, fue descalificado por la Comisión Nacional de Elecciones y este mediodía fijará postura sobre esa decisión. Sus colaboradores no descartaban una ruptura.

Valiente criterio, sobre todo si se toma en cuenta que los documentos básicos de Morena estipulan que las mujeres no deben ir a territorios perdidos.

Pero el Estatuto de Morena da a las encuestas un carácter inapelable (artículo 44) y otorga a la Comisión Nacional de Elecciones potestades para ajustar las nominaciones, para garantizar la representación equitativa de géneros sugerida en la legislación vigente.

Paradojas de la paridad: las impugnaciones deben provenir de los aspirantes afectados: Arturo Ávila en Aguascalientes o José Ramón Enríquez y Gonzalo Yáñez, en Durango. La senadora Harp pocas opciones tendrá a su alcance en esta controversia.

La última palabra, en cualquier caso, está sujeta a las deliberaciones del Consejo Nacional, que deberá validar las decisiones de la directiva encabezada por Mario Delgado y Citlalli Hernández.

Mientras, entre los ganadores y perdedores de este proceso resalta una estadística: entre los candidatos no hay monrealistas. Y de hecho, el líder zacatecano no podrá construir una red de gobernadores aliados a su causa. El caso de su hermano David es diferente.

Efectos secundarios
SUSPICACIAS. Para mantener El Moro y las demás sedes de la Lotería Nacional, esa dependencia gastará una cantidad millonaria, pero todavía indeterminada. Resulta que los encargados de licitar ese servicio otorgaron el contrato a la firma Aseo Privado Institucional sin atenerse a los limites presupuestales estipulados por la Secretaría de Hacienda. Los representantes de esa empresa han tenido que solicitar una corrección por lo que ellos atribuyeron a un “error mecanográfico”. Sobre el caso salta a la vista que ni el director Administrativo, José Julián Valdez; el gerente de Recursos Materiales, Elissar Ortiz; o el titular del Área de Responsabilidades del OIC, José Alfredo Gómez, hayan detectado antes la falta.