Hay indicios de malas prácticas por parte de las cinco empresas que lo dominan. La Cofece abrió un par de investigaciones al respecto
El precio del gas ha subido entre 30 y 50% en lo que va del 2021, entre otras cosas porque el mercado de ese producto no funciona. Los precios de este combustible que se utiliza en 7 de cada 10 hogares mexicanos subieron el año pasado, cuando el precio internacional del gas bajó. Siguieron subiendo en 2021, ahora justificado por alzas en el precio internacional.
¿Por qué ocurre esto? Hay indicios de malas prácticas por parte de las cinco empresas que lo dominan. La Cofece abrió un par de investigaciones al respecto. Presume que hay colusión entre los jugadores y comprobó que la utilidad por kilo de gas LP de las gaseras se duplicó en un año: pasó de 4 a 8 pesos.
¿Es una empresa paraestatal la mejor solución a este problema? El presidente está convencido de que sí y anuncia que en tres meses tendremos Gas Bienestar entregando, casa por casa, cilindros de gas a precios mucho más bajos. Se dice que la nueva empresa empezará en la Ciudad de México. Dejo a los politólogos la valoración de si esto es parte de la estrategia presidencial para recuperar el voto de los capitalinos. Pongo en la mesa la certeza de que el mal funcionamiento del mercado del gas es un problema en todo el territorio nacional. La convicción de que se necesita una política pública que vaya más allá de las ocurrencias.
¿Cuánto costará la solución? La descripción de Gas Bienestar que hizo el presidente fue prolija en adjetivos, pero pobre en datos. Para calcular los costos sería interesante saber cuál es la población objetivo a atender y cuánto subsidio tendrá cada cilindro que venda esta nueva paraestatal. AMLO estuvo acompañado del director de Pemex en la presentación y quedó claro que habrá una tarea adicional para una petrolera que está luchando por salir de territorio zombie y volver a la vida plena en actividades básicas como exploración, producción y refinados.
Es importante aclarar que Pemex ya participa en el mercado del gas LP en un segmento de “mayoreo”. Tiene plantas y terminales de almacenamiento, pero carece de infraestructura para atender el último kilómetro, donde están los consumidores finales. Estamos hablando de equipo de transporte, sistemas tecnológicos de control y personal calificado. En este punto, debo confesar que me gustaría escuchar La Conversación sobre Gas Bienestar, entre el Director de Pemex y el Presidente. Supongo que AMLO le dará instrucciones para poner en marcha esta empresa en tres meses, sin pretextos ni demoras. También supongo que Octavio Romero no puede explicarle que le están encargando una Misión Imposible.
Poner énfasis en la dificultad del proyecto Gas Bienestar no implica estar a favor de que el Gobierno se abstenga de intervenir. Estamos hablando de un mercado que vale alrededor de 207,000 millones de pesos anuales, cuya disfuncionalidad afecta a alrededor de 14 millones de hogares en actividades cotidianas tan básicas como cocinar y bañarse… hacer rendir la quincena. La mejor respuesta a un mercado donde hay abusos es tener una política pública de calidad. El presidente recurre a una fórmula que ya fracasó en la década de los setenta. A fines del sexenio de López Portillo, México tenía mas de 1,200 empresas paraestatales, donde campeaba la ineficiencia, la corrupción y la incapacidad de atender al mercado con calidad en tiempo y forma.
Desde hace al menos un lustro está la propuesta de que se vendan los cilindros de gas en centros comerciales, tiendas de conveniencia privadas y en las tiendas que pertenecen al sector público. Hay retos de seguridad y logística, pero tiene todo el sentido. El uso de esta infraestructura podría ser complementado con la implementación de un esquema de vales, tarjetas o vouchers para apoyar directamente a los hogares de menores ingresos y llevar un control riguroso (auditable, si se quiere). Un esquema de estas características podría estar listo para operar en todo el territorio nacional mucho antes que Gas Bienestar. No tengo los datos, pero apuesto que sería mucho más barato.
Hablé de política pública de calidad para resolver este problema y aquí vale mencionar a la Comisión Federal de la Competencia Económica. Esta órgano autónomo que encabeza Alejandra Palacios podría jugar un papel muy interesante para disciplinar a las empresas que abusan de su poder de mercado. La Ley de Competencia prevé sanciones de hasta 10% de los ingresos anuales para las empresas que hayan incurrido en prácticas monopólicas absolutas y establece responsabilidades penales para las personas que hayan tomado las decisiones, empresarios o ejecutivos. ¿Para que volver a los 70, si ya estamos en el 2021?.
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