Los derechos de las trabajadoras domésticas constituyen una asignatura pendiente, aunque quizá deberíamos decir que se trata de una asignatura donde estamos reprobados
La pandemia se “llevó” cuando menos 300,000 puestos de trabajo correspondientes a trabajadoras domésticas. A fines de 2019 eran 2.5 millones de personas que en México se desempeñaban en el trabajo doméstico remunerado. Un año y tres meses después, en el primer trimestre del 2021, este número se había reducido hasta los 2.2 millones de trabajadoras, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo.
¿Cuándo se recuperarán estos empleos? Vale la pena subrayar que estamos ante la primera reducción drástica de este tipo de empleo en México de la que se tenga registro. El Inegi publica anualmente esta cifra para conmemorar el Día Internacional del Trabajo Doméstico, el 22 de julio. Eran 1 millón 580,000 trabajadoras remuneradas en México en 2009 y cada año de la década anterior esta cifra se incrementó en 90,000 personas en promedio.
Hablamos de trabajadoras para referirnos a este colectivo porque se trata de una ocupación donde predominan abrumadoramente las mujeres. Son 96% del total, más de 2 millones de mujeres. Los hombres representan apenas 4% en este mercado y ellos se dedican principalmente a tareas como chofer y personal de vigilancia o seguridad.
En México, nueve de cada 100 mujeres económicamente activas se desempeñan como trabajadoras domésticas remuneradas. Por eso, asomarnos a sus condiciones de trabajo es una manera de entender uno de los mayores retos en materia de justicia económica para la sociedad mexicana. Aquí no hablamos de las mujeres que rompen el techo de cristal, sino de las que recogen los cristales del piso.
En promedio, una trabajadora doméstica tiene un salario de 3,200 pesos mensuales, 70% de ellas no tienen ningún tipo de prestaciones y 96% de ellas se desempeña en la economía informal, no tiene ningún tipo de contrato que haga explícita su relación laboral.
Los derechos de las trabajadoras domésticas constituyen una asignatura pendiente, aunque quizá deberíamos decir que se trata de una asignatura donde estamos reprobados.
En abril de 2019 se aprobó por unanimidad en el Congreso una iniciativa que otorgaba derechos laborales básicos para las trabajadoras del hogar y establecía obligaciones para sus empleadores. Esta reforma era parte de las obligaciones que México contrajo en el marco del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Se dio un periodo de 18 meses para su implementación, que en teoría concluyó en octubre del 2020. El plazo llegó y no pasó casi nada. Lo peor de todo es que el tema se relegó hasta el punto de quedar en los márgenes. El hecho es que el número de trabajadoras domésticas registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, en diciembre del año pasado, era de 27,640, alrededor de 1.3% del total. El salario registrado ante el instituto es de 5,180 pesos mensuales en promedio.
¿Qué pasó con el 98% restante, las que no están registradas en el IMSS? Sería bueno saberlo. Podemos suponer que sigue en el purgatorio laboral. Si la situación era difícil, se volvió aún más complicada con la pandemia. Muchas patronas y patrones no pudieron mantener su empleo y, a la vez, prescindieron de los servicios de las trabajadoras domésticas. En esos casos, la indemnización, más que un derecho se volvió un acto de clemencia, sujeto al criterio del empleador.
Aquellas que mantuvieron su puesto de trabajo debieron asumir los riesgos para la salud que implicaban los traslados en el transporte público. ¿Cuántas trabajadoras domésticas se contagiaron de Covid-19? Imposible saberlo. Esa es una de las desventajas de ser casi invisibles.
Nota: Hablar de trabajadoras domésticas que reciben un ingreso bajo por sus servicios no implica omitir la situación de 84 millones de personas mayores de 15 años que realizan trabajo doméstico no remunerado. La mayoría de ellas son mujeres, que con frecuencia son explotadas por su propia familia.
Minuto a minuto
