Estos dos casos inauguran una etapa en la vida sindical de México y servirán para ver cómo se comportan algunos actores muy relevantes
Tridomex fue la primera. General Motors será la segunda. Vendrán muchas más acusaciones de malas prácticas relacionadas con democracia sindical en territorio mexicano, amparadas en el capítulo laboral del T-MEC. Estamos entrando en la dimensión desconocida. Hic est lions, Aquí hay leones decían los mapas romanos cuando se adentraban en territorios que no conocían. Aquí hay leones, podemos decir. También ornitorrincos, criaturas complejas, y unicornios, seres imaginarios. Algo así es la democracia sindical.
Tridomex es una empresa canadiense que produce frenos en Matamoros y está acusada de realizar acoso de sus trabajadores para impedir que organicen un sindicato democrático en México. La acusación la presenta el mayor sindicato estadounidense, el AFL-CIO, acompañado de otro sindicato, el SEIU y una ONG, Public Citizen. No es la primera vez que hay quejas de este tipo contra empresas que operan en territorio mexicano. Lo novedoso es que estas quejas ahora tienen garras y dientes: se resolverán con las reglas del juego que se pactaron en el capítulo 23 del T-MEC.
El segundo expediente tiene que ver con la elección del sindicato que tiene la titularidad del contrato colectivo en la planta de GM en Silao. Hubo irregularidades graves en el proceso de votación y la Secretaría del Trabajo ha decretado que el proceso deberá repetirse en los próximos 30 días. Junto con la disposición de la STPS tendremos la segunda queja, que deberá resolverse bajo el mecanismo de respuesta rápida del T-MEC. Así se llama porque la resolución debe darse en un plazo de cuatro meses.
Estos dos casos inauguran una etapa en la vida sindical de México y servirán para ver cómo se comportan algunos actores muy relevantes. En este “laboratorio” habrá que poner en el microscopio electrónico a la Secretaría del Trabajo, que encabeza Luisa María Alcalde y a la CTM que ha sido titular del contrato de GM, a través del sindicato que lidera Tereso Medina. La STPS, que en otros sexenios nos había acostumbrado a su casi inexistencia y pasividad, ahora es una dependencia muy activa y en diálogo constante con sus contrapartes de Estados Unidos. ¿Tiene clara la secretaria Alcalde los riesgos que entraña la democracia sindical en México? Sus críticos piensan que no, pero en sus críticas parecen ignorar que esta joven funcionaria cree en la democracia sindical y vive cotidianamente la presión de Estados Unidos. Por convicción y circunstancia, Alcalde no tiene opciones. A la Secretaría del Trabajo le toca garantizar el cumplimiento de los compromisos mexicanos en materia laboral en el T-MEC. Un par de asuntos de gran importancia para los demócratas y para los sindicatos estadounidenses es la implementación de mecanismos que garanticen plena democracia sindical y la transformación del sistema de justicia laboral en México.
¿Cómo reaccionará la CTM y otros grandes sindicatos de México? En el caso de la CTM estamos hablando de la mayor confederación de sindicatos de México. Ha sido fundamental para el funcionamiento de un esquema de gobernanza laboral que ha privilegiado la estabilidad y la baja conflictividad, por sobre los derechos de los trabajadores, en particular los relacionados con las reivindicaciones salariales y las relacionadas con las condiciones de trabajo.
El establishment sindical mexicano se encuentra en una situación inédita: el mayor sindicato de Estados Unidos exige que en México se respeten los derechos de los trabajadores mexicanos y tienen un instrumento jurídico para presionar en serio. Tereso Medina y otros dirigentes sindicales pueden gritar foul y alegar que hay una intromisión estadounidense en la vida laboral mexicana. El problema para ellos, si siguieran esta ruta, es que no pueden ir muy lejos. Esta injerencia está prevista en el T-MEC y es inapelable porque fue negociada y aceptada por el Gobierno mexicano. La CTM y otros sindicatos o partidarios del anterior status quo pueden argumentar que los sindicatos de Estados Unidos no quieren el bienestar de los trabajadores mexicanos, sino quitar competitividad a México al elevar los costos laborales. Pueden hacerlo, pero corren el riesgo de hacer el ridículo. ¿Lo harán?
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