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En el mundo, la disrupción a las cadenas de valor tiene que ver con los semiconductores y los contenedores. En México, nos pusimos “creativos” y tenemos otros obstáculos más difíciles de superar: el crimen organizado, por ejemplo. Este se ha convertido en un problema para la reactivación del turismo en Quintana Roo, un impedimento para el desarrollo de los trabajos en el corredor transístmico y en el detonador de una crisis para la exportación de aguacate a Estados Unidos… fue también un mazo que golpeó la vida cotidiana en Colima durante una semana.

Estamos hablando de pérdidas multimillonarias y de cancelaciones de oportunidades futuras. El turismo representa entre 30 y 50% del PIB de Quintana Roo y en el último año antes de la pandemia captó 23,000 millones de dólares en divisas. Recuperar esta cifra requiere poner punto final a la pesadilla del Covid-19, pero también superar otra pesadilla, peor, que es la actuación cada vez mas descarada de grupos criminales que azotan a turistas, ciudadanos y a la gente de los negocios.

El corredor logístico que proyecta unir a Oaxaca con Veracruz es la más “sensata” de las obras emblemáticas del presidente López Obrador. Unir el Golfo con el Océano Pacífico es algo que se ha buscado desde tiempos de Porfirio Díaz. Ahora tenemos la voluntad presidencial, pero el crimen organizado está haciendo sentir su presencia. Se trata de un proyecto donde hay retrasos notables en los tiempos de construcción y dificultades para convocar a aliados clave. A mediano plazo, el riesgo es que este proyecto no produzca los resultados que merece, ¿por qué apostar por mover mercancía en un lugar donde el crimen organizado puede cobrar derecho de paso y derecho de piso?

El crimen organizado está matando las gallinas de los huevos de oro. Lo hace a la vista de todos y sólo elevamos la voz cuando hay algo que nos saca del pasmo. La fuerte presencia del crimen organizado en el campo michoacano es noticia porque el gobierno de Estados Unidos ha tomado medidas, como sanción por amenazas a un inspector del Departamento de Agricultura. Un episodio similar había ocurrido en septiembre de 2019 y, en ese momento, hubo una advertencia oficial que no pasó a mayores.

Muchas cosas han cambiado desde entonces en la relación entre países, pero una cosa sigue siendo constante: la presencia del crimen en las zonas de producción de aguacate. Se habla con naturalidad del cobro de un “impuesto de guerra” de 2,500 dólares por cada hectárea sembrada y de cuotas por dejar pasar la mercancía. La ausencia de respuestas del gobierno motivó la creación de grupos armados patrocinados por los productores. ¿Cómo es que nada de eso nos escandalizó, hasta que Estados Unidos puso pausa a las exportaciones?

El aguacate está relacionado con 300,000 empleos y cada mes genera exportaciones superiores a los 250 millones de dólares. El principal mercado es Estados Unidos, donde el fruto michoacano es reconocido, pero enfrenta competencia creciente de productos de Chile, Perú y centro América. Los productores mexicanos son exitosos, porque tienen calidad y productividad, pero son cada vez mas vulnerables por acción y efecto de los grupos criminales, como el Cartel Jalisco y los llamados Carteles Unidos. La extorsión eleva costos y sus agresiones contra funcionarios de Estados Unidos pueden descalificar la producción de toda la región.

¿Qué sigue? Todo depende del éxito de la política de seguridad pública y eso basta para afirmar que el pesimismo tiene permiso. Los analistas políticos nos dicen que una de las cosas más importantes que pasó en el 2021 fue la penetración del crimen organizado de las campañas políticas de gubernaturas y alcaldías. Este “éxito” parece haberles dado derecho a las bandas criminales de exigir mayor participación en actividades económicas como el comercio, la hostelería, la construcción y la agricultura de exportación. No sirvieron los balazos, tampoco los abrazos, ¿qué hacemos?