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La entrega de beneficios sociales a través de programas gubernamentales o de incremento a las pensiones de los trabajadores inscritos en las Afores, de ninguna manera son malos o innecesarios.

Son, al final de todo, compensatorios de un desigual reparto acumulado de la riqueza en la economía nacional.

El problema radica en el financiamiento de esos programas para garantizar que sean perdurables, no sujetos a vaivenes en la macroeconomía, a movimientos en los circuitos financieros o que haya malos manejos en su administración, esto último que ya ha pasado, de acuerdo con denuncias periodísticas.

El planteamiento surge porque el Gobierno de México, arguyendo un espíritu de equilibrar la balanza de la desigualdad en el ingreso y, con ello, bajar los niveles de pobreza económica ha echado mano de cuanto recurso puede, tomando dinero de fondos especiales, incluso los de emergencia; de recortes presupuestales, de fideicomisos; recuperando montos multimillonarios de impuestos a grandes corporativos y ahora queriendo hacer uso de las Afores no reclamadas por asegurados de más de 75 años.

En economía, toda acción tiene una reacción.

Al menos en la estadística, con los programas sociales la brecha de ingreso ha disminuido y se registran menos pobres.

Pero, en la economía no hay lógica ni discurso, hay números.

El dinero que hoy usa el Gobierno de México para financiar los programas sociales puede no existir en caso de una grave afectación económica. No habrá de dónde sacar recursos como hemos visto en varios países causando protestas sociales.

La apuesta de hoy es alta, porque se requerirá de una economía nacional fuerte; de que la economía de Estados Unidos siga boyante, de que las grandes empresas no resientan efectos negativos que desplomen su actividad y que no haya en el entorno mundial crisis económicas. Si algo de esto ocurre, los programas sociales se verán afectados. No habrá dinero.

La propuesta gubernamental de tomar los 40 mil millones de pesos que hay de Afores no reclamadas por 45 millones de trabajadores, con el fin de ser repartidos para compensar a quienes se pensionarán en los siguientes años tiene altos riesgos.

Son recursos de una sola ocasión, a menos que haya otros datos o proyecciones financieras que demuestren que podrán ser usadas de manera sostenible para permitir el pago prolongado de las pensiones.

Hoy la banca usa esos fondos para meterlos a los circuitos financieros y obtener ganancia, mientras son reclamados. Es probable que muchas de ellas nunca lleguen a sus propietarios -los trabajadores asegurados-, por las mil y una dificultades que deben afrontar ellos o sus familiares, para recuperarlas.

Mexicana de Aviación, los trenes y las otras fuentes no parece tendrán utilidades o excedentes en los inmediato para pasarlos a las pensiones del Bienestar; los aseguramientos tampoco han crecido como para ser fuente de financiamiento constante.…

Ofrecer hoy dinero a los nuevos pensionados y después no podérselos dar avizora una grave crisis, no en lo inmediato, pero sí de manera latente.

Hacen falta más explicaciones porque, más allá de sus buenas intenciones, no hay claridad de cómo operará el sistema de pensiones compensatorio que se propone, ni los montos que verdaderamente recibirían los pensionados. ¿serán sólo los nuevos pensionados? ¿a partir de cuándo? ¿qué pasará con trabajadores acumulados que no tienen pensión? ¿por cuánto tiempo? ¿quién manejará los fondos?

Hasta ahora sólo es una promesa de dar más dinero. Y eso metálico pareciera tener tintes electorales.