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Quintana Roo es en muchos aspectos el paraíso que describen sus promocionales turísticos. Padece una epidemia reciente de robo de casas y autos, pero es un estado tranquilo, sustantivamente ajeno al panorama de inseguridad y violencia que desangra a otras regiones de México.

Pese a su pócar histórico de gobernantes notables, incluso extraordinarios, el estigma y la debilidad históricas de Quintana Roo han sido el abuso de poder y la corrupción, rasgos particularmente odiosos porque desde siempre el gobierno fue en Quintana Roo una entidad poderosa, sin mayores contrapesos.

En el sur del estado, el gobierno es el mayor empleador y apenas se mueve algo sin su mediación o su influencia. En el norte del estado, la actividad privada ofrece mayores oportunidades de empleo y autonomía, pero el peso del gobierno sigue siendo enorme por lo que toca a permisos, contratos, licitaciones y proyectos de inversión.

Son tristemente famosas las historias de gobernadores y funcionarios pidiendo a inversionistas pagos de entrada para abrir negocios o participación en ellos.

También abundan las historias de especulación de tierras y complicidades en proyectos inmobiliarios, vinculados todos a la gigantesca plusvalía de las franjas costeras y las playas vírgenes del estado, que se cuentan entre las más bellas del mundo.

La fama local de los políticos quintanarroenses no es la mejor, pero su poder puede afectar minuciosamente la vida de sus gobernados. Estos lo saben y actúan en consecuencia, desplegando su adhesión con genuina o fingida simpatía, y callando sus agravios, a la espera de mejores tiempos.

La oposición política es una pasión minoritaria en Quintana Roo, quizá porque una porción enorme de la población es todavía de recién llegados, que vienen buscando oportunidades y ayuda, no adversarios.

La democracia no ha mejorado esta situación. Ha hecho al gobierno local más autónomo de su sociedad y con más capacidad de influencia sobre él, pues tiene más dinero que nunca, que le da la Federación, y más poderes que nunca para influir por igual en el destino del que busca un pequeño empleo o del que planea una gran inversión.

En estas condiciones, el continuismo político local puede volverse una forma de la tiranía. Lo sabía bien el viejo PRI, que cambiaba de baraja con cada Presidencia y con cada gobernador. Lo ignora el nuevo PRI nacional, que parece no mandar en la sucesión de los estados que gobierna.

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