La explosión de gas ocurrida en el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa y sus secuelas empiezan a perderse del foco mediático en la medida que nuevos temas van surgiendo. 

Del estupor por la magnitud de los daños, la muerte y lesiones causadas por la fuga de gas, seguida del pánico y evacuaciones que hubo en otras instalaciones, dentro y fuera del Distrito Federal en que también se detectaron fugas -hasta las bendición papal- se está regresando a la normalidad del riesgo elevado que representa el traslado y suministro de gas LP en pipas.

Y a un mundo en que las corruptelas están a la orden del día, en un sector donde se mueve el flujo de efectivo en grandes proporciones y que sigue dominando el mercado del gas doméstico en todo el país, sobre todo en el centro de la República donde se concentran los mayores núcleos de población.

Gas Express Nieto pagará daños e indemnizaciones, de acuerdo a lo convenido con el Gobierno del Distrito Federal; se abrió una supuesta revisión a las prácticas de las gaseras y hasta la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) desempolvó los expedientes de incumplimientos de esa empresa en cuanto a multas y quejas. Pero todo quedará ahí.

En esta crisis poco se habló –salvo contadas excepciones- de un tema añejo. La pugna entre concesionarios de almacenamiento, distribución y comercialización de gas LP contra las empresas de gas natural, bajo la cual se esconden historias de compra de voluntades y corrupción.

Es sabido que el gas natural, por sus condiciones, es un combustible más barato y limpio ambientalmente respecto al gas LP, y posiblemente más seguro en su distribución y entrega domiciliaria tanto residencial como comercial e industrial. Esta fue la razón por la que desde hace varios años los concesionarios de gas LP han tejido toda una serie de acciones para impedir el avance en la instalación de gas natural.

Las acciones de un práctico boicot contra el gas natural van desde el pago a líderes vecinales para realizar demostraciones de oposición, hasta compra de voluntades de autoridades locales. Es otro caso de corrupción, pero desde un poderoso sector de la iniciativa privada que protege sus intereses multimillonarios.

La bandera que se enarbola para azuzar y generar miedo en los vecinos es que los tendidos de gas natural y las tomas domiciliarias representan un riesgo alto para la seguridad de la comunidad. “Es una bomba de tiempo”, es una de las expresiones más socorridas, tal y como ocurre ahora en comunidades aledañas a Texcoco en que se están instalando ductos de gas natural.

Pero está a la vista que el transporte en pipas por las calles tiene más riesgos. Y es un punto sobre el cual no hay que quitar el dedo del renglón.

Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), los accidentes con pipas de gas LP son  consecuencia de la corrupción, la falta de supervisión, la baja innovación tecnológica y una política pública que fomenta el transporte de material peligroso por las calles en lugar de ductos subterráneos.

Más aún, el IMCO señaló que las distribuidoras de gas LP tienen pipas y camiones con antigüedad de entre  25 a 30 años; practican todo tipo de corruptelas alrededor de la obtención de placas y permisos; no existen mecanismos continuos de revisión a fondo de las unidades automotrices ni de las prácticas de las personas que operan dichos medios de transporte del gas LP.

La costumbre de dar menos kilos de gas por el mismo precio es la menor de las prácticas corruptas de los gaseros LP. El meollo está en las dádivas que dan a supervisores de gobierno que debería impedir el mal funcionamiento de ese tipo de empresas.

Y en el caso del gas LP quienes lo regulan son la Secretaría de Energía (Sener), Protección Civil; la Secretaría de Trabajo y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

Después de los hechos trágicos de Cuajimalpa, Sener anunció que establecería nuevas disposiciones para incrementar las inversiones en operación, mantenimiento y capacitación en la industria de gas LP; el Gobierno del Distrito Federal anunció que regularía el tránsito de pipas en la ciudad de México y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó un punto de acuerdo para mejorar el transporte de sustancias peligrosas en la capital del país. Serán sólo reacciones a la coyuntura y hasta letra muerta.

Octavio Pérez, presidente de la Asociación Mexicana de Distribución de Gas LP, dijo que los empresarios de ese sector podrían adecuarse a cambios en la normatividad o en sus prácticas, pero que serán considerados después del peritaje que se realice en las instalaciones dañadas de Cuajimalpa. ¿Soberbia?

El tema de la distribución del gas LP es de suma complejidad. Hay mucho dinero de por medio. Existen alrededor de 300 empresas gaseras de ese sector.

Es tanto el dinero que circunda a través de ese combustible que los propios representantes de los empresarios del sector han acusado otro hecho grave: hay robo de gas LP en ductos e instalaciones de Pemex.

“Se ha generado un mercado negro para la venta de este combustible, que es de casi 20% del consumo total, con la venta ilegal de 14,000 toneladas mensuales a precios bajos”, acusaron el año pasado los líderes de las Asociaciones de Distribución de Gas LP (ADG), de Distribuidores de Gas LP y Empresas Conexas (Amexgas), de Distribuidores del Interior de la República (Adigas) y la Cámara Regional del Gas (Camgas).

Otro riesgo elevado que, ojalá, no sea advertido cuando sobrevenga un nuevo accidente de altas proporciones que haga poner los ojos sobre un sector en que se cruzan muchos intereses.

Postscriptum.- Pareciera que la actual dirigencia del Partido de la Revolución Democrática (PRD) quisiera asegurar votos al negar candidaturas a quienes potencialmente pudieran hacerles sombra por temas controversiales, de mala imagen. Rechazaron a Marcelo Ebrard por el asunto de la línea 12; al hijo del ex gobernador Ángel Aguirre por los hechos de Guerrero; a René Bejarano por las ligas… pero dejar a Jesús Valencia, delegado con licencia de Iztapalapa va en contrasentido. Al tiempo.