Los pendientes de Napito

Durante una década, de manera intermitente, un reducido grupo de extrabajadores de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora, han bloqueado los accesos a ese complejo de Grupo México y al tráfico de vehículos de la carretera que llega a Nogales, Arizona, y las vías de ferrocarril que llegan a los patios de la empresa.

Estos indignados forman parte de la membresía de la sección 65 del Sindicato de Trabajadores Mineros y durante todo este tiempo se mantuvieron leales a Napoleón Gómez Urrutia. Despedidos, por distintas razones, emprendieron la ruta de las protestas para reclamar una “liquidación justa” y un porcentaje de las ganancias de la empresa en el 2007.

Los bloqueos —se quejaba reiteradamente la empresa ante las autoridades locales y federales— eran “actos ilegales” realizados por instrucciones de Gómez Urrutia. Y ahora que el dirigente sindical obtuvo un lugar en la lista nacional de Morena al Senado de la República, consideran que habrá una escalada de las acciones de protesta.

El abogado Marco Antonio del Toro —defensor de Gómez Urrutia— sostiene que actualmente no hay causa penal en curso que impida su postulación a un cargo de elección popular. Pero hay que remontarse tres lustros atrás para reconstruir estas historias. El 4 de marzo del 2005, Gómez Urrutia instruyó a Scotiabank a extinguir el fideicomiso por 55 millones de dólares de los más de 7,300 trabajadores mineros para traspasar este monto a cuentas del sindicato minero en instituciones bancarias y casas de Bolsa, así como a sus cuentas personales, de sus hijos y familiares; y una parte más a la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica.

Al verse afectados, un grupo de afiliados al SNMMRM encabezado por Elías Morales, demandó la restitución de esos fondos, más los intereses devengados. Del Toro ha señalado que los recursos eran del sindicato minero y no de los trabajadores.

El expediente del juicio en materia laboral ha sido resuelto en favor de todos los trabajadores que tenían derecho y desde agosto del año pasado está listo para que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje dicte el laudo respectivo, que consiste en la devolución de los 55 millones de dólares a los miembros del fideicomiso minero. Por otro lado, existen cinco juicios mercantiles promovidos por los trabajadores que están en proceso de que se dicte sentencia en los tribunales del Distrito Federal.

Los trabajadores en estos juicios demandan que los únicos responsables de la extinción del fideicomiso son el sindicato minero de Gómez Urrutia y su Comité Ejecutivo; que Napoleón dispuso ilegalmente del patrimonio de los trabajadores por 55 millones de dólares; que se devuelva de inmediato al fideicomiso este patrimonio más intereses, declarándose nula la extinción del fideicomiso del 4 de marzo del 2005.

No obstante, el abogado Marco Antonio del Toro sostiene que actualmente no hay causa penal en curso que impida su postulación a un cargo de elección popular.

EFECTOS SECUNDARIOS

FOCOS ROJOS. La Fiscalía General de Justicia (FGJ) del gobierno del Estado de México tiene un “semáforo de atención” para dar seguimiento a la incidencia delictiva. En lo referente a los delitos de alto impacto —homicidio, secuestro, extorsión, robo con violencia, violación y robo de vehículo—, el monitoreo es meticuloso. En rojo —bajo la categoría “amenaza”— quedan marcados los municipios que registran más de 150 delitos de este tipo; en amarillo están señalados aquellos considerados en “riesgo”, con un promedio de 100 delitos, y en verde los que registran menos de 50 delitos. Puesta en un mapa, esta clasificación es tajante: al menos 50 de los 125 municipios mexiquenses están señalados con un punto verde. Y aparecen tres “manchas”. Una, alrededor de la capital, Toluca. Las otras cubren la zona que antiguamente era conocida como el Valle Cuautitlán-Texcoco. Y allí, nítidos, están los focos rojos: en Ecatepec de Morelos y Tlalnepantla de Baz, por el robo de vehículos, con y sin violencia. Y en Toluca, por los asaltos. Esos tres municipios están entre los cinco más poblados de la entidad y actualmente están gobernados por alcaldes priistas. Ese top cinco está complementado por Naucalpan de Juárez (PAN) y Nezahualcóyotl (PRD), que se distingue del resto, porque fue el único en el que registran una disminución en la incidencia de delitos de alto impacto durante la primera quincena de enero: una disminución de 16.58% entre el 2017 y la actualidad. Entre los 21 municipios más poblados de la entidad, sólo Nezahualcóyotl, Atizapán (PAN) y Nicolás Romero (PRI) mejoraron sus estadísticas. En el extremo opuesto figura Texcoco —gobernado por Morena— donde al arranque del 2018 hubo un incremento de 88.89% de las denuncias presentadas ante el Ministerio Público y 321% más de delitos de alto impacto. Y enseguida, Huixquilucan, con 131% más de delitos de alto impacto y 51.16% más de denuncias ante la FGJ en el Estado de México.

¿MODERADOS? El Consejo Coordinador Empresarial llamó públicamente a los partidos políticos para controlar a sus candidatos… al menos, el discurso. Las expresiones de AMLO contra el secretario de la Defensa Nacional fue la gota que derramó el vaso, pero durante las precampañas hubo “un cúmulo de argumentos que deben ser eliminados”, a juicio de Juan Pablo Castañón. Los presidenciables, insistió, deben comportarse a la altura de las circunstancias. “Estamos a tiempo para que las campañas sean propositivas. Es imprescindible que se comprometan con una relación respetuosa con todos los poderes”. Y es que apenas inició la intercampaña, el organismo desplegó una estrategia de conferencias semanales para exponer la agenda empresarial complementaria a las presentaciones de los candidatos presidenciales ante las membresías de los principales organismos gremiales. La próxima semana arrancarán estas pasarelas en la Convención Nacional Bancaria y seguirán en la asamblea nacional de la ANTAD.

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