Elecciones 2024
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A la administración peñista le restan 45 días y en el cúmulo de pendientes destaca el funcionamiento pleno del Sistema Nacional Anticorrupción.

En la recta final del sexenio —según acordaron Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto— ocurrirá el nombramiento del nuevo fiscal general de la República y en cascada vendría la designación de los nuevos fiscales especiales para la atención de los delitos electorales y anticorrupción, además del nombramiento de los magistrados de las salas especializadas en esta última materia, del Tribunal Fiscal.

¿Y los peces gordos? Por la Estafa Maestra existe —según las reiteradas quejas expuestas por Rosario Robles en San Lázaro— una condena mediática, pero nada más. La titular de Sedatu olvidó que hace un mes, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad acudió a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR para denunciar a funcionarios de las secretarías de Desarrollo Social y Desarrollo Agrario, además de directivos de la Universidad Autónoma del Estado de México y diversas empresas fantasma que resulten responsables del desvío de recursos públicos documentados por la Auditoría Superior de la Federación en el 2013 y el 2014.

Contra los exgobernadores de Chihuahua, César Duarte Jáquez, y de Tamaulipas, Eugenio Hernández, existen procesos en curso cuya resolución corresponde a la autoridad judicial. Y en el caso de la investigación que implica a exfuncionarios de Petróleos Mexicanos por el llamado caso Odebrecht, las pesquisas de la PGR todavía no concluyen.

En las próximas cinco semanas se conocerán los resultados de nuevas investigaciones periodísticas en las que el ex director general de la paraestatal, Emilio Lozoya Austin, es un destacado protagonista. Antes de que concluya el mes se conocerá la fiscalización de la Cuenta Pública 2017, que además de profundizar en estos temas estará enfocada a una exhaustiva revisión del gasto gubernamental en campañas de difusión.

Altos directivos de la petrolera del Estado mexicano podrían verse involucrados en otros asuntos polémicos. Allí están, por ejemplo, las grabaciones que inversionistas de la firma Oro Negro obtuvieron y que comprobarían el trato “discriminatorio y abusivo” por parte de funcionarios y exfuncionarios de Pemex, antes de la cancelación de arrendamiento de cinco plataformas marítimas de perforación de última generación, localizadas y operadas en el golfo de México.

Esas grabaciones —no se sabe si se trata de audios o videos— también revelaría que los directivos de Pemex y otros altos funcionarios del gobierno mexicano frecuentemente recibían sobornos por parte de proveedores y contratistas.

La directiva de Oro Negro —actualmente bajo concurso mercantil— reiteradamente se ha quejado de un trato discriminatorio por parte de Pemex a raíz de su negativa a participar en la trama de complicidad y corrupción que involucró a otros “contratistas privilegiados”.

Las medidas de presión van desde la retención de pagos por servicios prestados hasta la terminación —sin causa justificada— de contratos de arrendamiento y una interferencia tortuosa por parte de directivos de la paraestatal ante diversos inversionistas “con la intención de dañar nuestras operaciones y apoderarse de los activos arrendados”.

El trato ilegal y discriminatorio —sostienen— quedó acreditado con las reuniones sostenidas por directivos de Pemex y los tenedores de bonos de Oro Negro el año pasado, en las que habrían acordado un plan para forzar a la firma a aceptar nuevas tarifas sin permitir una reestructura de sus pasivos, lo que prácticamente garantizaba su quebranto y la eventual apropiación de las plataformas por parte de los bonistas. Y en caso de que la firma se rehusara a aceptar los nuevos términos impuestos por Pemex, ésta terminaría los contratos, para que los bonistas se quedaran con las plataformas, a quienes Pemex luego les daría nuevos contratos.

EFECTOS SECUNDARIOS

LANZAMIENTO. Una nueva estación en la frecuencia FM arrancará emisiones en el Valle de México. Aire Libre ocupará el 103.5 del dial, con el impulso de José Luis Fernández Prieto y Rodrigo González Calvillo. En periodo de pruebas, este proyecto tendrá su programación completa antes de concluir este 2018.

PRECISIÓN. Más valdría al vocero de AMLO y futuro coordinador de Comunicación Social, Jesús Ramírez Cuevas, evitar la palabra “vinculante”, cuando se refiera al resultado de la consulta sobre el NAIM. O por lo menos acudir a los diccionarios jurídicos, para entender los instrumentos legales que adquieren ese carácter y los sujetos obligados, en todo caso, para tales efectos.

REVIRE. De la tozudez de Rosario Robles hay constancia, incluso desde sus épocas de dirigente sindical. De su soberbia, igualmente. “No necesito ni requiero amnistía”, afirmó tajante en San Lázaro, donde tuvo que responder preguntas incisivas y afrontar reclamos en todos los tonos, inclusive, peticiones concretas para que renunciara y se entregara a la justicia. “Que se me investigue hasta por debajo de las piedras”, retó. Previamente se había quejado de violencia política e infundados escarnios mediáticos. La intervención de la diputada Martha Tagle será lo más memorable de la comparecencia de la titular de Sedatu. “No te equivoques, Rosario”, le reviró, “la condición de género no nos exime de asumir nuestras responsabilidades en los cargos públicos o de ser señaladas por actos de corrupción”.

DOBLECES. En el Senado de la República tampoco hubo muchas cortesías durante la comparecencia del secretario Alfonso Navarrete Prida. Llamó la atención la actitud del senador michoacano Cristóbal Arias, presidente de la Comisión de Gobernación, quien en corto dispensó elogios para el funcionario federal y en la tribuna tuvo expresiones tajantes. “¿Quién se jodió a México, en el tema de la seguridad?”, le reclamó. Eso sí, a la salida, el parlamentario pidió al mexiquense una selfie con su esposa y sus hijas.