Los partidos del magisterio

En proceso de liquidación, después de una fútil batalla jurídica, Nueva Alianza buscará prevalecer como partido político nacional con el agreste patrocinio del SNTE y un plan que los llevará a encararse con la estructura elbista.

Hasta el último momento —el pasado miércoles 30 de enero—, los promotores del renacimiento del partido turquesa entregaron la manifestación de interés ante el INE; quedaron entre 105 solicitantes, aunque al final, tres desistieron.

De última hora también ingresó Contigo Podemos Avanzar, una institución enfocada a la filantropía con sede en Guadalajara y cuya representante legal, Andrea Arroyo Alzaga, fue efímera abanderada neoaliancista a una diputación en las elecciones para renovar el Congreso de Jalisco.

Arroyo postuló a Reintegración Mexicana, un nuevo partido “promotor de las alianzas, impulsor de la transparencia, el acceso a la información y el combate a la corrupción” que anticipadamente renunció a las prerrogativas; viviría de las aportaciones económicas de su membresía.

Agrupada también como una asociación civil —las APN y las organizaciones de ciudadanos eran las otras modalidades—, la fuerza social turquesa quiere constituirse en Nueva Era, a través de una estrategia en tres pistas: obtener el registro de partido local en los 21 estados en los que superó el umbral estipulado en la legislación electoral, para después concentrar sus esfuerzos para regresar a la boleta electoral en los comicios intermedios del sexenio lopezobradorista.

En el 2017 —antes de la elección federal—, Nueva Alianza recibió 240 millones de pesos como prerrogativas del INE, pero el año pasado, sin candidato presidencial, quedaron condenados a la pérdida del registro, al no obtener el porcentaje mínimo de votos.

Luis Castro Obregón fue el encargado de la primera etapa. #LaLuchaSigue es el lema de este nuevo esfuerzo. El pasado jueves 31 de enero, la secretaria general de Nueva Alianza, Evelia Sandoval Urban, contactó a los líderes del partido turquesa en las 32 entidades federativas para informarles de un ajuste en la estructura organizativa, con la incorporación de Bernardo Quezada Salas como coordinador general nacional.

Exdiputado federal y actual secretario de Pensiones en el CEN del SNTE, Quezada Salas asumió las tareas de llevar a buen puerto los trabajos de la ruta de los partidos que obtuvieron su registro local en cada entidad, así como la coordinación general para la ruta de la creación del nuevo partido nacional, requirió Sandoval Urban.

Como vicecoordinadores nacionales quedaron Ilich González, dirigente neoaliancista en Jalisco, y Juan Pablo Encinas Islas, exdirigente juvenil. El exsenador Roberto Pérez de Alva seguirá al frente de la coordinación político-electoral y Marco Macías como abogado de la formación política.

“Estoy convencida que nuestro compromiso sigue latente y más fuerte que nunca, mucho éxito a todos en sus asambleas, ustedes son un gran equipo, más allá del trabajo les reitero mi amistad, mi reconocimiento y agradecimiento por la gran tarea que realizamos”.

Quezada Salas fue secretario general de la sección 60 del SNTE y dirigente nacional de la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos. Actualmente funge como secretario de Pensiones y Jubilaciones en la representación magisterial. Además de ser un eminente empresario docente con propiedades inmobiliarias en Miami, Bernardo fue involucrado con las empresas que manejaron los préstamos a los maestros del SNTE.

Así que la lucha entre los incondicionales de Juan Díaz y los grupos elbistas —quienes también impulsan la creación de un nuevo partido a través de las Redes Sociales Progresistas— será en las lides sindicales y, probablemente, en el terreno electoral.

Los dirigentes de las Redes Sociales Progresistas buscarán completar 200 asambleas distritales para obtener el registro como partido político nacional. Entre sus aliados estatales se encuentra Podemos-Hidalgo, organización política encabezada por el exdirigente de la sección XV del SNTE, Moisés Jiménez.

La base de esas organizaciones estaría en el magisterio organizado, aunque han surgido señales en contrasentido. En el último lustro, de acuerdo con fuentes sindicales, más de 150,000 profesores en activo tramitaron su jubilación. “Eran cuadros políticos elbistas que tras de su encarcelamiento y la promulgación de la reforma educativa optaron por abandonar el servicio educativo”.

Durante cuatro semanas, el INE admitió las manifestaciones de interés de las organizaciones interesadas en convertirse en partidos políticos nacionales.

A más tardar el 30 de noviembre del 2019 deberán completar la celebración de una asamblea nacional constitutiva y las asambleas en al menos 20 entidades federativas o 200 distritos electorales con la verificación de funcionarios del Instituto; además de recabar 233,945 afiliaciones (0.26% del Padrón Electoral utilizado en la última elección federal ordinaria).

EFECTOS SECUNDARIOS

PRECISIONES. Hace dos meses, Uber México obtuvo sendos amparos que le permiten reanudar operaciones en Quintana Roo, donde el Congreso local había validado una legislación que obliga a todos los prestadores de los servicios de transporte público a contar con una concesión emitida por el Ejecutivo local. Uber logró, con la asesoría de Greenberg Traurig, que los tribunales distinguieran su servicio como un arreglo de transporte entre particulares. Paralelamente, el equipo de abogados logró que se generara una jurisprudencia por contradicción de tesis, cuyo cumplimiento resulta obligatorio para las autoridades administrativas y tribunales quintanarroenses, que aclara que la actividad de servicio de transporte particular a través de plataformas tecnológicas como Uber no reúne las características del servicio de transporte público, al ser un servicio contratado entre particulares (cliente y prestador del servicio).