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Uno de los más grandes errores cometidos por Enrique Peña Nieto fue permitir que una instancia distinta a las mexicanas participara en las investigaciones del caso Iguala: el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), enviado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya actuación, lejos de favorecer la búsqueda de justicia, dinamitó una de la más exhaustivas indagaciones en la historia penal mexicana.

Las conclusiones del GIEI, basadas en la venenosa opinión del discutible “experto” peruano José Torero, enredaron más las cosas y únicamente sirvieron para sembrar sospechas infundadas respecto de lo ocurrido en el vertedero (basurero) de Cocula. Fue parcial en sus actuaciones porque las hizo atendiendo exigencias legalmente improcedentes de las personas y organizaciones que representan a los padres de los normalistas desaparecidos. Distrajo la investigación en sustancia y tiempo con la inviable hipótesis del denominado quinto autobús. Sin demostrarlo, sugirió que fueron “sembradas” las evidencias halladas en el río San Juan y alentó las descalificaciones contra el responsable de aquella diligencia policiaca, Tomás Zerón. Sin la aplicación del Protocolo de Estambul ni pruebas suficientes, afirmó que 17 de los inculpados fueron torturados. Calificó los hechos de un “crimen de Estado”, a sabiendas de que fue cometido por la delincuencia organizada que tenía en su nómina a desleales servidores públicos, sobre todo policías municipales, quienes además violaron derechos humanos. Dejó sospechas de una participación activa del Ejército en los hechos (los integrantes del GIEI provienen de países donde hubo dictaduras militares, en los que se cometieron graves atentados contra la dignidad de las personas). Jamás mostraron siquiera alguna evidencia en que fundaron sus afirmaciones. Trató de destruir las tesis sobre la sucesión de los hechos sin dar alternativa o explicación de cómo ocurrieron y, finalmente, no se atrevió a insinuar ni establecer alguna línea sólida para dar con otro paradero de los normalistas que no fuera el asentado en la verdad histórica.

Entre sus dislates científicos y técnicos resalta la negación de fuego en el basurero de Cocula, donde según el GIEI ni siquiera el cuerpo de uno de los jóvenes fue quemado hasta su carbonización. Aseguró que la bolsa con restos recuperada del río fue plantada, sembrada, solo porque el Equipo Argentino de Antropología Forense no estuvo presente cuando se localizó. Su “experto” en fuego no interpretó la información de la lluvia en el vertedero de Cocula, pese a lo cual está plenamente comprobado que en el lugar ardió una hoguera colosal. Torero no le entró al estudio de objetos de uso personal localizados en el sitio y que guardan correspondencia con los hallados en el río.

Mañana: más yerros del GIEI.