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Justo se cumplió un año de la espiral de SiS Nova. En febrero del 2023, la base de inversión de la aseguradora regiomontana registró un faltante de 89.5 millones de pesos y dos meses después, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas urgió —mediante oficio— a su directiva a restablecer los parámetros de solvencia y presentar un plan de regularización, que fue aprobado, el 30 de agosto pasado.

La acción principal propuesta por SiS Nova fue realizar una aportación de 100 millones de pesos. La fecha de vencimiento del plan quedó fijada para el 7 de septiembre. La Comisión solicitó la acreditación del cumplimiento del plan de regularización y mediante escrito del 5 de octubre, el director general de la institución manifestó que no se había realizado la aportación de los 100 millones y que continuaba con sus parámetros estatutarios fuera de los rangos de solvencia.

El 20 de octubre, la CNSF solicitó la presentación de acciones complementarias al plan de regularización para que subsanara los faltantes en la cobertura de sus parámetros de solvencia. En su respuesta a ese requerimiento —el 7 de noviembre— el director general de SiS Nova manifestó no tener certeza de los montos y fechas en que sus accionistas realizarían las aportaciones.

Mientras, ocurrió una inspección ordinaria que confirmó el incumplimiento del programa de auditoría externa —lo que derivó en una sanción del regulador— y otros errores en los registros contables que apuntan a una condición crítica: no acreditó contar con la documentación soporte que justificara el desembolso de 59.5 millones de pesos en pagos anticipados y reportó saldo pendiente acreedor con su reasegurador, por 68 millones.

La conclusión es irrebatible: la aseguradora no está en condiciones de retener riesgos, mientras incumpla la presentación de su límite máximo de retención para el ejercicio de 2024. Los encargados de supervisar que cumpla con éstas y otras obligaciones siguen en espera de que los directivos de Sis Nova presenten la documentación y cumplan sus obligaciones.

Al margen de los informes sobre las finanzas de la aseguradora regiomontana, la situación de su personal administrativo y su fuerza de ventas contratados por Inflexión en Salud SAPI de CV y Consorcio de Redes de Servicio, SA de CV, respectivamente.

Para salir de la insolvencia —y evitar la revocación— SiS Nova requiere una inyección de 500 millones de pesos, de acuerdo con una estimación actuarial. Aparte, el pasivo laboral que acumula desde septiembre pasado, la parte más dolorosa y menos visible del problema que enfrenta Paulino Encarnación Decanini Garza.

A un mes de la Convención Nacional Bancaria —la última del sexenio— una oleada de cambios está en ciernes. Y un cúmulo de casos de alto impacto siguen irresueltos. Algunos, como la mega estafa de Grupo Xoy, del empresario venezolano Carlos Lazo o las operaciones irregulares de Corafi y Grupo Escorfin, escapan de la esfera de los organismos reguladores; otros —el pleito entre las familias Zaga y El Mann, por ejemplo—evidencian el raquitismo de la CNBV en materia de inspección y vigilancia.

¿Asuntos menores? El indicador de riesgo país, que, según el Índice de Bonos de Mercados Emergentes Global (EMBI) de J.P. Morgan, se ubicaba en 346 puntos hasta el 24 de enero, lo que marca un incremento de 4.53% desde diciembre de 2018. Este dato, aunque refleja las secuelas de la pandemia y la guerra de Rusia contra Ucrania, también subraya una preocupación latente: la percepción de impago por parte del gobierno mexicano. A pesar de la estabilidad del riesgo país, el escepticismo de los bonistas internacionales, exacerbado por casos como el de Unifin de Rodrigo Lebois y las prácticas gubernamentales de impagos o retrasos en pagos a proveedores, plantea un desafío. Se sabe que la respuesta de los bonistas, manifestada en denuncias en Estados Unidos y México y la cancelación de visas estadounidenses a funcionarios implicados, no sólo podría elevar la tensión, sino que también podría influir en la percepción de riesgo financiero del país, lo que afectaría las tasas de interés y, por ende, el costo de endeudamiento de México en un momento crítico.