Los incómodos de la SFP

Distantes de la rebelión en ciernes dentro de la Policía Federal, los Pumas —como se conoce a los integrantes de la División de Seguridad Regional— recibieron un sutil exhorto, proveniente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana: usar las redes sociales para llamar a los inconformes a levantar los plantones y, de paso, dar un espaldarazo a la Cuarta Transformación.

La mesa de diálogo no avanzaba —a finales de la semana pasada— y en el gobierno federal buscaban determinar a los instigadores de la rebelión entre las Fuerzas Federales, al tiempo de que llamaban a la Unidad de Asuntos Internos para presentar las quejas y denuncias contra aquellos que bloquearon las instalaciones y agredieron a la comisionada Patricia Rosalinda Trujillo.

En las negociaciones pronto exigieron que no hubiera sanciones a los policías que incurrieron en desacato. Pero en el manejo del conflicto, en la parte oficial generó suspicacias la parsimonia del comisario del sector seguridad de la Secretaría de la Función Pública, Manuel Peralta García.

En el ojo del huracán, por otros conflictos de gravedad, Peralta García es uno de los comisarios sectoriales adscritos a la coordinación general de Órganos de Vigilancia y Control, que encabeza el abogado Daniel García Cortés. Y sus pesquisas contarían con el aval de sus superiores jerárquicos.

El investigador terminó bajo pesquisas. Su estancia en la Procuraduría General de la República, desde finales del sexenio calderonista, fue anodino, refirieron excompañeros suyos en la Dirección de Juicios Federales. Entonces trabajaba bajo las órdenes de Enrique Sánchez Conejo, ministerio público supervisor número 1 de Juicios Civiles, quien se especializó en concursos mercantiles, aseguramiento de bienes y los primeros juicios por extinción de dominio.

En el sexenio peñista, Peralta García se convirtió en ministerio público. Pero su hostilidad hacia las Fuerzas Armadas es añeja, reportaron otras fuentes. “No queda claro si actuó motu proprio o si obedeció instrucciones de su jefe”, describieron, “pero sus indagatorias rebasan el ámbito de sus funciones. La Función Pública no debería invadir áreas que corresponderían, en cualquier caso, a la nueva Fiscalía Anticorrupción”.

Sus maneras petulantes, pero sobre todo sus peticiones infundadas de oficios y documentos clasificados como de seguridad nacional hicieron reaccionar a los mandos castrenses que en otras épocas habrían guardado discreción sobre estos asuntos.

La molestia de los mandos castrenses con el funcionario de la SFP se ha materializado en una serie de publicaciones activadas a finales de junio pasado. Y es que justo hace un mes, Peralta García se habría apersonado a una de las sesiones finales del Curso Avanzado sobre Seguridad Nacional, auspiciado por la Embajada de EU en México e impartido en una sede de la UDLAP en la CDMX, para entregar una extensa carpeta sobre tres generales, al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, Santiago Nieto Castillo.

Si el comisario de la SFP contactó al extitular de la FEPADE, no fue posible confirmarlo. Pero cuando Nieto Castillo llegó a la reunión no había ningún empleado de la Función Pública, reiteró uno de los organizadores del curso. Una semana después, la titular de esa dependencia, Irma Eréndira Sandoval, presentaría una ponencia ante los alumnos de la maestría en Administración Militar, en el Colegio de la Defensa Nacional. “Algunos generales quisieron cuestionarla, por las acciones de sus subordinados, pero la indicación superior fue no generar un conflicto”, de acuerdo con versiones sobre el incidente.

Enterada de la molestia, la secretaria publicó una imagen sus redes sociales en la que aparece junto con el general Luis Cresencio Sandoval González y el almirante Rafael Ojeda. “Trabajamos más cerca que nunca”, describió. Enseguida, dio cuenta de la reunión de trabajo que sostuvo con los comisarios públicos, a la que acudieron García Cortés y Peralta García. “Nuestro sistema nervioso para prevenir y combatir la corrupción y la impunidad lo componen nuestros OICs y sus entregados servidores públicos”, posteó.

¿Espaldarazo a los funcionarios que han irritado a las Fuerzas Armadas, por sus insistentes señalamientos sobre la supuesta opacidad en el manejo del presupuesto asignados a la Semar y la Sedena?

Ante tales desplantes, los mandos castrenses ahora parafrasean al exsecretario de Hacienda, Carlos Urzúa. “La imposición de funcionarios que no tienen amplio conocimiento de administración pública y de la seguridad nacional resulta inaceptable”, se quejaron. El conflicto entre la Función Pública y las Fuerzas Armadas, inevitablemente, ha trascendido. Y sólo amainará, dicen, si cesa el acoso de la SFP a las dos dependencias con mayores grados de confianza entre la ciudadanía.

“El comisario incómodo”, es el mote que Peralta García se ha ganado entre los mandos superiores de las Fuerzas Armadas. Pero los señalamientos más graves son contra el coordinador de los OIC de la Función Pública, por supuesto tráfico de influencias.

EFECTOS SECUNDARIOS

REINGRESO. Lorena Piñón será la tercera candidata a la presidencia nacional del PRI, por mandato del TEPJF. ¿Su oferta? Extinguir al “cártel de los dinosaurios” que —a su juicio— capturó a ese partido. La Comisión Nacional de Justicia Partidaria había determinado la cancelación de la candidatura de Piñón y Daniel Santos a la presidencia y la secretaría general del CEN del tricolor y la “pérdida de la militancia” para la política xalapeña. Ambos, por separado, interpusieron sendos juicios para la protección de sus derechos políticos, que fueron canalizados a la sala superior del TEPJF.