El GIEI concluyó sus tareas con un juicio lapidario: as prisas gubernamentales por cerrar el caso han propiciado una crisis de confianza. Y —lo peor—, que el relevo en la Unidad Especializada representa un retroceso de cinco años
La verdad histórica sobre la noche de Iguala se había derrumbado, con el informe de la Comisión para la Verdad y la Justicia, presentado por el subsecretario Alejandro Encinas a los padres de los 43 estudiantes de los normalistas de Ayotzinapa, a instancias del Ejecutivo federal.
El fiscal general Alejandro Gerz Manero ya había autorizado las acciones que terminarían en la captura de Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón. Y a pesar de la oposición del fiscal especializado, Omar Gómez Trejo —quien nunca tuvo acceso ni a plenitud al informe Encinas— procedió a actuar penalmente contra 23 mandos militares. Antes de ser presentados ante el juez, previó la cúpula castrense quedarían bajo arraigo en instalaciones vigiladas por la SEMAR, al sur de la CDMX.
En vísperas del octavo aniversario del infausto ataque contra los normalistas, la instrucción presidencial era inapelable: cerrar la investigación y proceder contra los responsables de los hechos sin importar su cargo. Vino entonces la filtración íntegra del documento y comenzó a derrumbarse la narración que permitiría al gobierno lopezobradorista cumplir con la promesa de esclarecer lo sucedido en Iguala.
Gómez Trejo dejó su cargo, tras de que quedaran canceladas 18 de las 83 órdenes de captura liberadas contra los presuntos culpables de encubrir los hechos. Su dimisión dejó ver, sobre todo, las diferencias entre la Covaj, la fiscalía y el grupo interdisciplinario de expertos internacionales.
Encinas mantuvo el respaldo del Ejecutivo federal, pero no saldría indemne. El reportaje publicado por The New York Times exhibió su premura y el GIEI decidió no continuar con su trabajo de acompañamiento, además de cuestionar el informe especial, particularmente la veracidad de las 467 capturas de pantalla de los mensajes con los que fue posible reconstruir la noche de Iguala.
Ni la FGR ni el GIEI conocieron esa información —cuyo origen sigue sin conocerse— porque Encinas temía que fueran filtrados a los medios. Pero una cosa es el informe y otra, la investigación judicial, con las subsiguientes órdenes de captura.
¿Una nueva verdad histórica? No, consideró Claudia Paz y Paz, integrante del GIEI. El informe presentado por Encinas “es una torpeza”, sentenció su colega, Francisco Cox, “los chats no son fiables ni consistentes”. Ambos ya concluyeron su estancia en México.
Ángela Buitrago y Carlos Martín Beristain se quedan para dar seguimiento al trabajo de la Covaj y de la FGR, instancias que han entrado en una franca pugna. La FGR y la Unidad Especializada —donde ahora despacha Rosendo Gómez Piedra— protagonizaron “una especie de rebelión”, según reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador que dejó desamparadas a las familias de los 43 normalistas.
El GIEI concluyó sus tareas con un juicio lapidario: as prisas gubernamentales por cerrar el caso han propiciado una crisis de confianza. Y —lo peor—, que el relevo en la Unidad Especializada representa un retroceso de cinco años.
Efectos secundarios
RECLAMOS. Con una presencia importante en California, el Movimiento Migrante y el Consejo de Federaciones de Migrantes de Jalisco han emplazado al alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, y al gobernador Enrique Alfaro, a renunciar a sus cargos, ante la reciente oleada de inseguridad en tierras tapatías. Una copia de esa petición fue entregada al presidente Andrés Manuel López Obrador el 23 de octubre pasado.
¿FALACIAS? El festejo su compañera Cristina Ruiz fue la razón por la que diputada priista Ana Lilia Herrera estuvo la semana pasada en la zona esmeralda de Ciudad Satélite… ¿y qué explica entonces que Delfina Gómez, futura candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, estuviera a la misma hora en el WTC de Naucalpan?
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