Los empresarios han refrendado que sus prioridades son terminar con la pobreza extrema, abatir la corrupción y alcanzar un crecimiento de 4%.
Hay mucho que celebrar en el acuerdo que anunciaron la semana pasada los organismos empresariales y la Presidencia de la República “para promover la inversión y el desarrollo incluyente”.
Es más que un acuerdo. Bien leído es el esbozo de una pieza que faltaba hasta ahora en el nuevo gobierno: un proyecto de crecimiento económico.
Los empresarios han refrendado que sus prioridades son terminar con la pobreza extrema, abatir la corrupción y alcanzar un crecimiento de 4%.
Son objetivos pensados para coincidir con las prioridades del nuevo gobierno, en un espíritu de colaboración y conciliación.
El espíritu de colaboración lleva dentro, sin embargo, un espíritu de exigencia. Los empresarios condicionan el logro de las metas trazadas a que el nuevo gobierno dé pasos claros en direcciones que hasta ahora son territorio de dudas.
El acuerdo espera: “reglas y mensajes claros y propositivos que generen confianza y estabilidad para invertir”; “estado de derecho fuerte y eficaz”; “estabilidad macroeconómica”; “compromiso para resolver, con estricto apego al marco jurídico, los obstáculos de ejecución que con frecuencia impiden la realización de proyectos de inversión”.
Se establecen en el acuerdo cuatro ámbitos económicos estratégicos: Energía, Infraestructura de transporte, Inversión social (educación, salud, agua, saneamiento), y Desarrollo del Sur-Sureste.
El acuerdo prevé la constitución de dos mecanismos de seguimiento, presididos por el Presidente, con reuniones quincenales: uno, para evaluar los proyectos de inversión; otro, para facilitar la ejecución de proyectos en marcha, a menudo trabados por lo que el propio Presidente definió como el “elefante reumático y mañoso que es a veces el gobierno”.
Es un acuerdo ambicioso, para muchas miradas utópico: busca tener en cinco años un país que invierta 5 puntos más del PIB de lo que invierte hoy, que crezca al 4% y que haya eliminado la pobreza extrema.
Es un acuerdo exigente, tanto del lado de los inversionistas como del lado del gobierno. Nadie dice que es un acuerdo de ejecución fácil o que se cumplirá al pie de la letra. Pero es una hoja de ruta económica que no existía, y ahora sí.
Creo que el país gana con esto.
Minuto a minuto
