¿Los dueños del Infonavit?

El 2 de marzo del 2015, el Estado mexicano dejó de ser el dueño de la marca Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores. Ese lunes aciago, el abogado José Octavio Tinajero Zenil, a nombre de ese organismo tripartita, otorgó a Telra Realty licencia para usar y explotar Infonavit/Hogares con valor, La Casa Infonavit, Tuya Infonavit y otras nueve marcas nuevas, registradas por la firma de los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil.

Parecía una operación lógica, consecuente con el convenio de colaboración firmado por ambas partes, 11 meses antes, para activar sendos programas de promoción: uno, para la reparación, remodelación, readaptación y mejoramiento de viviendas abandonadas y susceptibles de ser ocupadas por los derechohabientes del Infonavit; el otro, para impulsar el arrendamiento, con opción de compra, así como el intercambio de viviendas.

La recuperación de las casas y los departamentos edificados por las empresas vivienderas era uno de los objetivos centrales de la administración peñista. También, la regularización de los predios adquiridos por Geo, Urbi, Homex y otras firmas del ramo. Para rescatarlas, el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, llamó al oaxaqueño Alejandro Murat Casab y al yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín, dos prospectos a las gubernaturas de sus respectivas entidades.

El director general del Infonavit había solicitado autorización al consejo de administración para contratar a un experto inmobiliario que coadyuvara en la implementación del programa denominado Movilidad Hipotecaria, para promover el intercambio de vivienda entre los acreditados del instituto y daría acceso a desarrolladores inmobiliarios y otros interesados en el intercambio o comercialización de los inmuebles.

Terla Realty quedaría obligado a diseñar y operar una plataforma informática para administrar dicho programa, a cambio cobraría una comisión por cada intercambio de 10% del valor del inmueble, pagadero por el acreditado o por el instituto. En los primeros 60 meses —a partir del inicio de operaciones— realizaría “cuando menos 100,000 intercambios”.

Era un negocio inmejorable para los hermanos Zaga Tawil: antes de que la dirección general del Infonavit les asignara el programa de Movilidad Hipotecaria ya habían obtenido las licencias de uso de la marca —logotipos y signos distintivos, incluidos— del instituto. Y el 6 de noviembre del 2015 comenzó el “periodo de exclusividad” para ejecutar el Programa de Movilidad, extensivo durante cinco años. Adicionalmente, Terla Realty recibiría otro contrato, para la implementación de un programa piloto de regularización de cartera vencida en el Régimen Especial de Amortización.

Alejandro Murat dejó la dirección general del Infonavit el 30 de noviembre del 2015 y dos meses después sería postulado por el PRI como su candidato a la gubernatura de Oaxaca. Al frente del instituto quedó el exdiputado federal David Penchyna Grub, quien casi de inmediato fue informado sobre las irregularidades de los convenios suscritos por la anterior directiva con Terla Realty. En particular, que se crearía una práctica monopólica o de concentración de oferta de vivienda que afectaría a la industria de la construcción, al permitir que una sola empresa mantuviera la propiedad y simultáneamente operara la plataforma informática en forma exclusiva y discrecional.

“Se corre el riesgo de provocar un conflicto de alto impacto social que afectaría la buena imagen del instituto, tomando en consideración los derechos humanos que se podrían violentar”, justificó Penchyna Grub el 25 de mayo del 2016, al solicitar al Consejo de Administración autorización para dar por terminados los convenios firmados con Terla por su antecesor e implementar directamente el programa de movilidad hipotecaria.

El 6 de junio, a través de un corredor público, los hermanos Zaga Tawil fueron notificados de la terminación de los contratos. “Es inviable jurídica y financieramente su ejecución”, explicó Omar Cedillo, secretario general del Infonavit, quien los convocó a una “mesa de negociación” para formular “nuevas ideas y propuestas que permitan suscribir unos nuevos instrumentos jurídicos que regulen adecuadamente la relación comercial entre Terla y el instituto”.

Luego de una mediación, en la que los representantes legales de ambas pactaron un contrato transaccional con una condición suspensiva, el Infonavit accedió a pagar una indemnización de 5,000 millones de pesos, además de otros 100 millones, por la transmisión de la propiedad y titularidad de los programas Terla y de la plataforma informática. En sendas valuaciones, Terla había estimado en 15,000 millones de pesos los daños y perjuicios ocasionados por la cancelación de los contratos. El finiquito fue firmado el 10 de octubre del 2017, cuando los pagos ya habían sido efectuados.

En el Libro Blanco de la entrega-recepción del Infonavit están los contratos. También, los dictámenes de los despachos Peña Palomino y White&Case que advertían sobre los riesgos reputacionales si esta disputa se hubiera dirimido en los tribunales.

Mientras el Infonavit negociaba con Terla Realty, su contraloría interna realizó una investigación sobre los contratos y encontró elementos para fincar responsabilidades contra los servidores públicos que firmaron los contratos. El 8 de febrero del 2018, Jesús Vázquez Bibian, en representación del instituto, acudió a la delegación de la PGR en la CDMX para presentar una denuncia por presunto uso ilícito de atribuciones y facultades, contra quien resulte responsable. Y es que además de la plataforma tecnológica y las marcas, Terla Realty era fideicomitente —al igual que el Infonavit— en tres fideicomisos “en los que una empresa privada se encargaría de realizar funciones que por ley le corresponden al mismo instituto”.