Los deslices de Rosario

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Alberto AguirreSignos vitales

Mientras la Cámara concluye ese trámite, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió la impugnación que presentó Rosario Robles Berlanga contra su inhabilitación por 10 años

Acaba de llegar al Senado de la República el dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley Federal de Juicio Político y Declaración, que abrogará la legislación vigente en materia de responsabilidades de los servidores públicos.

Mientras la Cámara concluye ese trámite, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvió la impugnación que presentó Rosario Robles Berlanga contra su inhabilitación por 10 años.

La exfuncionaria peñista rechazó la sanción que le impuso la Secretaría de la Función Pública por la Estafa Maestra. Admitida su promoción, el juicio contencioso administrativo 24334/19-17-06-2/966/20-PL-10-04 fue remitido, en primera instancia a la sexta sala regional metropolitana. El Pleno del Tribunal atrajo el caso y su resolución quedó en la ponencia del magistrado Carlos Mena Adame.

Además de controvertir la competencia del director general de responsabilidades patrimoniales y sostener que la presunta falta ya había prescrito, Robles Berlanga cuestionó la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que en julio del 2017 fue sustituida por la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Sus argumentos fueron declarados improcedentes y la sanción por las conductas graves que le imputó la SFP fue ratificada ayer 8 de septiembre, por votación unánime del Pleno del TFJA. En la pista administrativa, la Estafa Maestra es cosa juzgada. La causa penal contra Robles Berlanga y sus principales colaboradores en Sedesol y Sedatu entre el 2013 y el 2017 va lento.

En breve, sobre estos asuntos deberá resolver la tercera sección del TFJA. El Senado de la República ya seleccionó a dos de los tres magistrados de esa instancia en un cumplimiento tardío de la reforma del 2015 que dio paso al Sistema Nacional Anticorrupción.

La reforma a la ley orgánica del Tribunal contempla la instalación de la tercera sección, con tres magistrados que tendrán competencia en casos que involucren responsabilidades administrativas de servidores públicos y particulares vinculados con faltas graves promovidas por la Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de control de los entes públicos federales, o por la Auditoría Superior de la Federación.

Entonces, el legislador previó la creación de cinco salas especializadas en estas materias, cuya integración está pendiente. En uso de las facultades que le confiere la Ley Orgánica, la Junta de Gobierno del Tribunal Fiscal habilitó a la XIII sala regional metropolitana para recibir las demandas para que los justiciables no quedaran en estado de indefensión.

El artículo 11 de ese ordenamiento contempla que el magistrado presidente de la Sala Superior, los presidentes de Sección o por alguno de los magistrados del Pleno Jurisdiccional, en orden alfabético de sus apellidos, pueden suplir las ausencias temporales de un magistrado en la Tercera Sección. Ya fuera por una ausencia por causa mayor o por impedimento, el presidente del TFJA puede solicitar a cualquiera de los presidentes de las otras Secciones para que participe en las sesiones de la Tercera Sección, en orden de turno.

Fuentes del Senado de la República estiman “poco probable” que el Ejecutivo federal remita las ternas que permitirían nombrar a los 15 magistrados. En el Tribunal Federal tampoco esperarán a que se concluya ese trámite. Las restricciones presupuestarias y la austeridad republicana explicarían esas reticencias, pero sobre todo una visión de eficacia y maximización de recursos: entre el 2006 y el 2016 —de acuerdo con los informes anuales— el Tribunal Fiscal dictó casi 18,000 sentencias por responsabilidad de servidores públicos. Una cifra consistente con el promedio de casos desahogados en las dos secciones, que es de 1,500 casos anuales.

Si las cinco salas en materia de responsabilidades administrativas entraran en funcionamiento estarían subutilizadas. La legislación que contempla esa división de trabajo previó que la Tercera Sección atraiga los casos graves y actúe como instancia de apelación, en asuntos ya juzgados. Pero actualmente no hay más de una decena de expedientes de este tipo en trámite.

La magistrada Téllez insiste en apurar el nombramiento pendiente para la tercera sección. Aquellos que desde hace 15 años han solventado los casos en el Tribunal critican esas posturas y advierten un intento de “colonización” de los órganos jurisdiccionales, promovido desde Palacio Nacional. Los nuevos magistrados —como los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación designados durante la 4T— carecen de experiencia en la aplicación del derecho administrativo sancionador o como juzgadores. Ahora, la titular del SAT, buscaría colocar otra pieza en la sala anticorrupción.

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