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Hace un par de semanas, el Inegi dio a conocer un informe sobre la corrupción en 2015 basado en los resultados de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental y del Censo Nacional
de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales. La ocasión fue el Día Internacional contra la Corrupción. De ese reporte resaltaría tres puntos:

1) La corrupción ocupa ya el segundo lugar entre los principales problemas del país de acuerdo con la percepción ciudadana. Como en 2011 y 2013, la inseguridad encabeza la lista, solo que ahora la corrupción desbancó al desempleo del segundo sitio. Le siguen la pobreza y el mal desempeño del gobierno.

2) Pasando de las percepciones a los hechos, tenemos que en 2015, 12.6% de los mayores de 18 años padeció cuando menos un acto de corrupción en algún trámite, pago o solicitud de servicios ante servidores públicos. Por mucho, el ámbito con más reportes es el de la interacción con las policías, seguido por los trámites ante el Ministerio Público, aquellos que se realizan para abrir empresas y los que se hacen en juzgados y tribunales.

3) La inmensa mayoría de las víctimas, 9 de cada 10, no denuncia la corrupción. Sus principales razones aluden más al (mal) funcionamiento de las instituciones que a la cultura.

En el ámbito institucional, la gente no denuncia porque considera que es inútil (33.3%), una pérdida de tiempo (19%), por miedo (6.8%) o porque no sabe ante quién denunciar (6.0%). Del lado cultural destacan los argumentos de que es una práctica común (14.5%), no hubo tiempo (8.8%), obtuvo un beneficio (7.6%) o dio dinero por gratitud (0.8%).

En realidad, la mayoría de quienes deciden no denunciar lo hace porque piensa que su queja no tendrá consecuencias, y no porque conciba la corrupción como un problema común o una situación natural.

Así, el reciente informe del Inegi arroja luz al debate sobre si la corrupción es o no cultural y, en consecuencia, resalta la importancia de mejorar la operación de las instituciones y la necesidad de impulsar a la brevedad el Sistema Nacional Anticorrupción.