El combate a la corrupción, hoy incuestionable y evidente, del sexenio pasado se ha topado con la pared de un manto protector que solo desgasta a la administración actual
Un grupo de encapuchados secuestra un camión de reparto sobre una de las vías más importantes de la Ciudad de México y la policía no solo es testigo del delito, sino que quitan una patrulla del camino para que estos delincuentes vayan, estrellen e incendien ese transporte en una de las puertas del Campo Militar número 1.
Eso es lo más cercano a la anarquía y las autoridades omisas, locales y federales, dicen que no van a hacer nada porque si no sería represión.
Detener en flagrancia a un grupo de encapuchados que atentan contra las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional es represión en el entender de este régimen que abre esas grandes avenidas de impunidad selectiva.
Donde se vio un cambio, quizá forzado por la presión estadounidense, fue en el abandono de la máxima cómplice con el crimen organizado del gobierno de López Obrador de “abrazos y no balazos”.
El combate a la corrupción, hoy incuestionable y evidente, del sexenio pasado se ha topado con la pared de un manto protector que solo desgasta a la administración actual.
Y en materia financiera también hay muchas paredes que no se podrán escalar si no se inicia una corrección fiscal, pero, así como a la aplicación a la ley a los delincuentes que enarbolan banderas sociales le llaman represión, así hay temor de meterse en los terrenos de una reforma fiscal que amplíe la base gravable.
La promesa de corrección fiscal a partir de este año quedó muy limitada en sus alcances tras el irresponsable déficit presupuestal alcanzado durante el 2024 de 5.7% del Producto Interno Bruto.
La estimación más reciente de la Secretaría de Hacienda es una reducción este año a 4.3% y a 4.1% para el 2026, de la mano de un incremento en el nivel de endeudamiento hasta 52.3% de PIB al cierre de este 2025.
El lento desempeño de la economía esperado para este y el próximo año, el crecimiento exponencial que tiene el gasto en las transferencias de los programas asistencialistas, la nula aportación al desarrollo de la infraestructura creada el sexenio pasado y el poco margen de maniobra fiscal, ya encienden los focos de alerta.
La trayectoria que ya calculan algunos grupos financieros, como BBVA o los analistas del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas hablan de un posible incremento de la deuda pública hasta 60% del PIB para el 2030.
Y la advertencia es muy clara, con esos niveles no se puede sostener la calificación crediticia de la deuda soberana en el grado de inversión.
Para un país que vivió una estabilidad económico-financiera durante los primeros 20 años de este siglo es muy difícil que haya una sociedad que comprenda los efectos de la inestabilidad de las finanzas públicas y su efecto en el bolsillo.
La degradación de la salud financiera nacional implica inestabilidad macroeconómica y eso se traduce en una crisis de alcances generales para toda la población: inflación, desempleo, tasas altas.
La trayectoria está marcada y por más que se descalifique a quien lo advierte o se usen eufemismos para no cumplir con el deber de gobernar, la realidad tarde o temprano llega y entonces sí le vamos a entender en el bolsillo.
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