Las crisis de imagen y reputación siguen patrones similares en cualquier ámbito, sea gubernamental, del sector privado o social. Inician con una sucesión de errores o hechos a los que se les resta importancia dejando resentimientos en grupos de interés sin tratar de llegar al fondo con negociaciones que busquen el acuerdo o el mayor … Continued
Las crisis de imagen y reputación siguen patrones similares en cualquier ámbito, sea gubernamental, del sector privado o social.
Inician con una sucesión de errores o hechos a los que se les resta importancia dejando resentimientos en grupos de interés sin tratar de llegar al fondo con negociaciones que busquen el acuerdo o el mayor acercamiento al beneficio mutuo.
La situación que hoy enfrenta el gobierno de Rafael Moreno Valle es resultado de tropiezos que han sido enmendamos a base del uso de la fuerza o la exclusión. Cooptar o dejar a un lado -por la mala o a través de ignorar- parecieran ser las únicas dos reglas sobre las cuales se han regido la política en Puebla.
No sólo ha sido ignorar a quienes toman posiciones críticas, como un sector de periodistas que han sido excluidos del presupuesto publicitario, a través del llamado Tripack que condiciona la publicidad del gobierno del Estado, del Ayuntamiento de Puebla y de la Universidad Autónoma de Puebla, las tres áreas de mayor generación de recursos para la prensa, y al que sólo tienen acceso los medios afines.
Muchos recuerdan que casi al inicio de la gestión de Moreno Valle había una política clara ante los medios: demandarlos por la vía civil o penal cuando el Gobierno del estado considerara que había una afectación a su reputación. No pasó y quien tenía la responsabilidad de hacerlo ya no está pero dejó resentimientos.
También sectores del empresariado local se han sentido lastimados por el gobierno de Moreno Valle, al considerar que no se les otorgan beneficios fiscales o incentivos a la inversión como sí se hace con grandes compañías a las que les exime de pagos y hasta se les entregan en donación terrenos para la construcción plantas o instalaciones, en una aparente intención de atraer recursos que pudieran generar empleo cuando en realidad no tiene ese efecto.
De igual manera, la amenaza denunciada por defensores de causas sociales varias ha sido una constante en el hacer político de quienes –dentro de su gabinete- siguen las indicaciones del gobernador Moreno Valle.
En lo político se han tejido una serie de intereses y cooptaciones a un costo alto de sumisión o silencio.
Aún a costa de su propia imagen, algunos personajes de la política –como es el caso de la mayoría legisladores del Congreso Local- han quedado ahora más evidenciados de esa supeditación al gobierno de Moreno Valle, con la crisis de los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan. Muchos recuerdan que así como fueron obligados de facto a aprobar la hoy llamada “Ley Bala”, ahora se les pidió eliminarla en un afán de esconder uno de los errores más graves de la administración del gobernador poblano.
El error fue la ley misma pero también el proceso seguido sin escrúpulo para decretarla. Recuerdan quienes participaron en la aprobación que la iniciativa de ley llegó a comisiones y sin más fue aprobada a pesar de que en la misma se concedía a la fuerza pública el derecho de hacer uso no sólo de toletes y balas de goma sino incluso armas de fuego. El dictamen pasó al pleno en una sesión donde se le dio trámite aprobatorio inmediato. Nadie parece haber leído lo aprobado.
Pero hete aquí que alguien hizo notar el grave precedente de conceder el uso de armas de fuego, ya aprobado en el Congreso Local hecho que fue corregido en el decreto correspondiente, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.
O sea, técnicamente el Gobierno del Estado se convirtió en legislador de privilegio al publicar en el órgano oficial algo distinto a lo aprobado por mayoría (con el voto en contra de 5 diputados) en el Congreso Local. Ahí está en actas lo aprobado.
Si así hubiera quedado la legislación, en el colmo de la desesperación que vivían los policías estatales al enfrentarse a los pobladores de San Bernardino Chalchihuapan, hubieran tenido la facultad legal de sacar sus armas de fuego y disparar.
Cuando aún queda la duda si realmente se usaron balas de goma -por más explicaciones que ha habido sobre las causas de la muerte del menor de 13 años-, el tema es que haber tomado la decisión de echar atrás la legislación en medio de la crisis fue precipitado. Fue como querer esconder la basura bajo la alfombra.
Lastimaduras y más lastimaduras a los grupos de interés es lo que ha venido ocurriendo en Puebla. Y como suele suceder en las crisis, hasta los propios aliados mantienen distancia como ha venido ocurriendo con el silencio de partidos o de plano el rompimiento del PRD frente a los hechos.
Incluso al interior mismo del gabinete de Moreno Valle hay cautela.
La actitud y conducta que se dice tiene el gobernador Moreno Valle de trato despótico, desdén y autoritarismo explica el malestar que hay en muchos grupos de interés en la sociedad poblana.
Por ello, la crisis en el gobierno del estado de Puebla va más allá de los hechos en que murió un niño de 13 años, suceso que sólo ha sido el desencadenante.
Es una crisis política, de exclusiones sistemáticas y no de carácter mediático. Aunque la apuesta parece ser hablar más y más en medios agitando el abanico para echar aire frente a una parrilla caliente en que las cenizas del carbón podrían haberse ya estado apagando de otra manera.
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