Lo que viene para los Duarte y Borge

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Luis Alberto RodríguezAsunto Crítico

No será fácil -como no lo ha sido para Jaime Rodríguez, El Bronco, en Nuevo León-, pero la acción jurídica y política desde la Presidencia de la República en contra de los gobernadores salientes de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz, allana el camino para que –en su momento- se puedan abrir investigaciones locales para fincarles responsabilidades legales a los actuales mandatarios estatales, por actos vinculados a la corrupción.

No será fácil -como no lo ha sido para Jaime Rodríguez, El Bronco, en Nuevo León-, pero la acción jurídica y política desde la Presidencia de la República en contra de los gobernadores salientes de Chihuahua, Quintana Roo y Veracruz, allana el camino para que –en su momento- se puedan abrir investigaciones locales para fincarles responsabilidades legales a los actuales mandatarios estatales, por actos vinculados a la corrupción.

Para el gobernante de Nuevo León, las dificultades de llevar a la justicia a su antecesor Rodrigo Medina y su padre –como lo prometió en el contexto electoral- radican en que fue creada toda una estructura para diluir los fondos gubernamentales a través de fideicomisos que ya han sido objeto de una ardua investigación por parte de especialistas externos, contratados por la administración de El Bronco.

Sustentar jurídicamente ha sido lo difícil para integrar una averiguación previa sólida.

Hay, sin duda, un deslinde político del Ejecutivo Federal respecto a de los gobernantes de Chihuahua, Quinta Roo y Veracruz al emprender, por un lado, la acción de inconstitucionalidad que los deja plenamente expuestos a cualquier investigación judicial y, por otro lado, al anticiparse mediante el inicio de una indagatoria de la Procuraduría General de la República (PGR) –a petición del Servicio de Administración Tributaria (SAT)- en contra del gobierno veracruzano que utilizó a 32 empresas fantasma para ejercer compras diversas.

El gobernador Javier Duarte, de entrada, detuvo todas las acciones para hacer avanzar su propio sistema anticorrupción a los pocos minutos de que la Presidencia de la República daba a conocer que había interpuesto la acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Roberto Borge, gobernante en Quintana Roo, rechazó, con toda la institucionalidad del caso, que se haya creado un sistema anticorrupción y el gobernador de Chihuahua, César Duarte, aseguró que no procedía la inconstitucionalidad porque se siguieron los procedimientos con apego a la Constitución a partir de la reforma de mayo de 2015 en materia de anticorrupción.

Habrá que ver la forma en que la SCJN sustentará la procedencia o no de la acción de inconstitucionalidad, lo que académicamente es todo un caso porque se trata de un asunto en que ni siquiera se ha decretado el Sistema Nacional de Anticorrupción y porque el 27 de mayo del 2015 se publicó en el Diario Oficial de la Federación modificaciones a la Constitución en la que se establece que “Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción” (artículo 113) y “Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización” (artículo 116).

Lo importante es que no hay, entonces, una confrontación directa de los gobernadores salientes contra el gobierno del presidente Peña Nieto, pero el golpe dado desde Los Pinos fue directo: “no se aceptarán sistemas anticorrupción a modo”. El efecto mediático y perceptual propuesto es claro. Como lo será el hacerse a un lado si los gobernantes entrantes tendrán como primera misión abrir sendos expedientes para llevar a juicio a sus antecesores.

Tan claro, además, como el deslinde que hizo en su toma de posesión el nuevo dirigente del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Ochoa Reza, quien afirmó que el PRI creará su propio sistema porque “es inaceptable tapar el sol con un dedo… debemos reaccionar”.

Y es que es evidente que no se reaccionó cuando, antes de las elecciones estatales, todo el descrédito contra Javier Duarte lo apabullaba, a la par de que pululaban las acusaciones de desvío de recursos y prepotencia de su gobierno y de muchos de sus operadores tanto en el servicio público como en la parte política.

El deslinde del PRI y del Ejecutivo Federal, que deja a su suerte a los Duarte y a Borge, queda más evidente con la expresión de Ochoa Reza vertida ayer: El PRI “debe ser garante de la honestidad de sus gobiernos. Tenemos que ser un partido que señale la corrupción de los gobiernos emanados de nuestras filas, que exija su fiscalización… incluso su destitución”.

La ex presidenta nacional del PRI, Dulce María Sauri, quien criticó y asumió “con preocupación” la designación de Ochoa Reza afirmó en entrevista con Azucena Uresti de Milenio TV que la llegada del nuevo dirigente priísta fue “una acción inesperada y desesperada” porque se trata de una persona sin el oficio político que tenía Manlio Fabio Beltrones y que sólo conoce al PRI desde la academia. Pero deja abierto también que la acción de inconstitucionalidad lanzada por el Ejecutivo Federal no es aislada.

Ochoa Reza “llega con su torta bajo brazo”, dijo coloquialmente la ex lideresa del PRI. La torta, precisó la política yucateca, es la acción de inconstitucionalidad que “es la única respuesta posible que exige la sociedad al gobierno y que puede ayudar al PRI es combatir frontalmente la corrupción… y ese es un primer paso”.

Por eso, lo que viene para los Duarte y Borge es navegar con sus propios instrumentos. Y dependerá de la pericia legal de los investigadores de los nuevos gobiernos para emprender acciones jurídicas sustentadas y no sólo retóricas.

A menos que, como a El Bronco, se les pase el tiempo sin cumplir lo que prometieron.

PostScriptum.- Manlio Fabio Beltrones no estuvo en el evento de toma de protesta de Enrique Ochoa Reza. Se informó está fuera del país. Dulce María Sauri no ve una fractura al interior del PRI pero las coyunturas hacia el 2018 muestran un PRI debilitado que requería de una fuerte inyección de activismo político y reconstrucción de alianzas so pena de dejar espacio no sólo a opositores a su partido sino a opciones independientes surgidas de sus propias filas.

Por Luis Alberto Rodríguez Juárez

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