El origen del problema es la ausencia de autoridad y la impunidad en muchas partes del país, una derrota que antecede y supera el anhelo de proteger no sólo a los candidatos, sino a los ciudadanos en general
El país vivió una experiencia traumática en marzo de 1994, hace treinta años, que todavía es herida abierta. Se ha aprendido, pero no lo suficiente. Ahora la situación es dramáticamente diferente por el deterioro del Estado para cumplir una de sus responsabilidades primarias, que es la salvaguarda de la vida de los ciudadanos.
Al INE le preocupa que las elecciones de 2024 sean calificadas como las más violentas de la historia. De antemano se percibe que la estrategia de autoridades federales y locales para la protección de candidatos será insuficiente. No hay recursos humanos para esta tarea. El homicidio de la candidata de Morena en Celaya, Gisela Gaytán, acreditó que los candidatos más expuestos son los aspirantes a cargos municipales y que la mecánica definida para protegerlos corresponde a las policías estatales y municipales, los órdenes de autoridad más frágiles en la cadena de seguridad preventiva.
Hay un origen en esa crisis. Estados y ayuntamientos han sido severamente golpeados en la asignación de recursos. Por su parte, el gobierno federal y Congreso han privilegiado a la Guardia Nacional. La debilidad de las policías locales y municipales es la consecuencia. Por lo mismo, es inexplicable que el acuerdo del INE con el gobierno federal contemple que los candidatos locales, con la excepción de los aspirantes a gobernador, sean protegidos por tales policías. Por eso no es responsable, no es realista la decisión y por lo mismo significa que los candidatos estén expuestos, como ha ocurrido en lo que va del año.
La protección de candidatos es difícil cuando al menos 20% del territorio, según expertos, está bajo control del crimen organizado, como resultado del fracaso de las políticas públicas contra el crimen organizado. De esta manera los dispositivos preventivos difícilmente pueden proveer seguridad para candidatos, partidos y ciudadanos, además de que se les distrae de sus tareas regulares.
El Presidente tuvo que modificar el esquema y hacer que el gobierno federal se responsabilice de la situación cuando así se requiera. El origen del problema es la ausencia de autoridad y la impunidad en muchas partes del país, una derrota que antecede y supera el anhelo de proteger no sólo a los candidatos, sino a los ciudadanos en general.
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