En este sentido judicializar a la política es la vía más razonable, cierta y segura para dirimir las diferencias por su constitucionalidad que tienen que ver con el ejercicio del poder y las decisiones del Congreso
Mucho se ha dicho sobre politizar la justicia, señalamiento presente en las acciones penales contra funcionarios públicos. Sin embargo, también es evidente, relevante y muy visible el proceso de judicializar a la política. Y me anticipo, no hablo de, por ejemplo, la estrategia de campaña de candidatos que buscan obstaculizar a sus adversarios con demandas, sino del quehacer democrático e institucional. Me refiero a la actuación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al atender controversias o acciones de inconstitucionalidad por reformas aprobadas en el Congreso.
Me refiero también al trabajo regular del Tribunal Electoral que ha estado presente en las sentencias en materia de revocación de mandato o la revisión de la convocatoria de la Cámara de Diputados para la renovación del Consejo General del INE. Igualmente, en las resoluciones respecto al proselitismo de aspirantes presidenciales o en los temas que involucran a las dirigencias de los partidos. En todos estos casos, la decisión judicial tiene el potencial de alterar la vida interna de las organizaciones políticas del caso.
La revisión de las decisiones del Congreso por parte de la Corte representa un capítulo trascendente de la vida institucional del país. El presidente de la República y su mayoría en el Congreso han aprobado normas de discutible constitucionalidad especialmente la que se refiere a la militarización de la Guardia Nacional y las relacionadas con la reforma electoral, el llamado Plan B. Es natural que quienes promueven y aprueban una reforma resientan y cuestionen la actuación del Poder Judicial federal. Sin embargo, es fundamental para la vida democrática contar con medios para someter todo acto de autoridad a su apego a la Constitución, incluyendo las determinaciones del Congreso.
En este sentido judicializar a la política es la vía más razonable, cierta y segura para dirimir las diferencias por su constitucionalidad que tienen que ver con el ejercicio del poder y las decisiones del Congreso.
En estos momentos difíciles e inciertos la SCJN y el Tribunal Electoral adquieren la mayor importancia en acreditar el pacto social que une al país y orienta la vida pública a través de, precisamente, la vía judicial buscando dar supremacía a la Constitución.
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