Lo que sí será inédito van a ser las consecuencias económicas de esta manera, tan arbitraria, de aniquilar las posibilidades de crecimiento de un país que lo tenía todo para salir adelante
Decían algunos, con gran inocencia, que el gobierno entrante podría corregir los intentos autoritarios de la contrarreforma al Poder Judicial a través del diseño de las leyes secundarias.
Que, con otra visión, más estructurada y sin rencores, podrían ordenarse las ideas para hacer una reforma que sí limpiara a la judicatura de sus vicios sin intenciones autoritarias.
Pero las iniciativas presentadas por el gobierno de Claudia Sheinbaum al Congreso y la forma como los legisladores más radicales prometen el más rápido de los procesos legislativos para aprobarlo, parecen más una acción del séptimo año de gobierno de López Obrador que un mínimo intento por salvar la división de poderes en esta nueva administración.
No hay sorpresa, así se han vendido siempre, como la continuidad total. Tampoco hay nada nuevo en la virulencia con la que han atacado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por conocer este asunto.
Lo que sí será inédito van a ser las consecuencias económicas de esta manera, tan arbitraria, de aniquilar las posibilidades de crecimiento de un país que lo tenía todo para salir adelante.
Y ni siquiera se trata de hacer una comparación del México previo al régimen actual, aquel periodo 1997-2018, que claramente fue un momento de creciente estabilidad, desarrollo de la vida democrática y aumento de la confianza, se trata de lo que este país todavía tenía hasta el 8 de septiembre del 2023.
La fecha es clara, porque ese día se cumplía la amenaza de presentar un Paquete Económico para el año electoral 2024 que destrozara la estabilidad macroeconómica alcanzada en cuatro sexenios, como una de las pinzas que López Obrador aplicaba para conservar el poder político al costo que fuera.
La historia tiene mucho que platicar de cómo el régimen autoritario se hizo de una mayoría calificada, pero entre las elecciones de junio y la instalación del Congreso en septiembre, López Obrador se hizo del control total de los otros dos poderes y en esos tres meses, México perdió el rumbo de la certidumbre.
No hay oposición que valga, porque es muy difícil para una mayoría dimensionar lo que ahora mismo pierde la joven democracia mexicana, en ese camino hacia un control político total.
Ya no escuchan ni a los suyos, Gerardo Esquivel, un economista claramente de izquierda, muy cercano asesor en algún momento del propio López Obrador y ex subgobernador del Banco de México de la 4T, ha advertido en repetidas ocasiones los peligros de la desconfianza para la economía mexicana.
Los grupos financieros, los analistas, las firmas calificadoras advierten qué le puede pasar a la economía de este país si pierde ese, el principal activo que tiene cualquier mercado, la confianza.
Y ni siquiera se trata de un debate, no hay tal. El oficialismo monopoliza las decisiones legislativas, sin ninguna oposición; no hay discusión mediática posible y diga lo que diga la Suprema Corte, la van a ignorar.
Tampoco se trata de una amenaza de “los capitales” si no hacen lo que ellos quieren, simplemente que, sin garantías de un Estado de derecho, con la puerta abierta para que cualquier ocurrencia cambie la Constitución, y en tan solo unos días, difícilmente se pueden retener las inversiones.
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