Todo mundo sabe que se necesitan dos para bailar tango, pero ¿alguno de ustedes sabe cuántas personas se necesitan para tejer una red de corrupción? Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, pone el número promedio en seis. Allí están abogados, gestores, fiscalistas, relacionistas públicos, funcionarios públicos y cerebros financieros, por ejemplo. Ayuda mucho saber que … Continued
Todo mundo sabe que se necesitan dos para bailar tango, pero ¿alguno de ustedes sabe cuántas personas se necesitan para tejer una red de corrupción? Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, pone el número promedio en seis. Allí están abogados, gestores, fiscalistas, relacionistas públicos, funcionarios públicos y cerebros financieros, por ejemplo.
Ayuda mucho saber que la corrupción se parece más a la producción de una película que a un baile de tango. Nos recuerda que estamos frente a algo complejo. Es importante “tener la foto” del momento en el que A recibe dinero de B, pero más importante es conocer el guión del film, saber que la entrega-recepción de los recursos es apenas un fotograma de la historia.
El Senado acaba de aprobar siete leyes con las que se pone el primer muro del sistema nacional anticorrupción. Lo más valioso de las leyes aprobadas está en el enfoque que plantea para perseguir la corrupción: el objetivo es desmantelar redes, dice Bohórquez. El mérito de la captura de un funcionario o un empresario dependerá de lo que esa captura significa para la red en la que operaba. Si esta sigue intacta, la detención valdrá muy poco.
¿Ganaron los políticos o los empresarios? Es muy pronto para decirlo. No se pierdan en el veto al artículo 32 ni en la presentación de un código de ética o conducta como sucedáneo de la 3de3 para empresarios. Las leyes aprobadas por el Senado incluyen varias sanciones para el sector privado: las empresas corruptas podrán sufrir castigos tan severos como la disolución. También podrán perder propiedades donde se cometieron hechos delictivos, a través de la ley de extinción de dominio. En caso de ser hallado culpable, un empresario deberá pagar una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la hacienda pública.
En México, 44 por ciento de las empresas ha dado un soborno en el último año. La aprobación de las siete leyes es apenas el principio, en todos los sentidos. Falta la implementación de lo aprobado y además, vendrán nuevas leyes. Habrá 15 o 20 más que tendrán medidas adicionales. En los próximos meses vendrá una nueva ley de obra pública y una de notarios. En ellas habrá nuevas herramientas para sancionar a empresarios y servidores públicos.
La corrupción cuesta a México entre 1.9 y 12 por ciento del PIB. A este costo, hay que añadir el precio del fracaso en el combate a la corrupción. Es un intangible que nos hace trizas la autoestima y produce una megalomanía. Nos hace magnificar nuestro mal. Los mexicanos pensamos que somos líderes mundiales en corrupción. Eso es falso, allí también hay países que nos ganan 7-0.
En Croacia, 92 por ciento de los hombres de empresa considera que la corrupción está bastante extendida en el ámbito de los negocios de su país. La cifra para Portugal es 82 por ciento y en India alcanza 80 por ciento; estos datos son de la consultora EY. Las prácticas más frecuentes mencionadas por los encuestados incluyen la entrega de sobornos, la alteración de la contabilidad y el engaño a los clientes.
No estamos solos, ni siquiera en el afán por legislar para acabar con la corrupción. En lo que va de esta década, alrededor de 20 países han realizado reformas. En la lista están Perú, Italia, Guatemala, Egipto y hasta Rusia. Cada país es un caso. El que sean tantos nos da una idea de lo extendido que está el malestar por la corrupción. Allí está México. No es campeón, tampoco un amateur.
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