No es algo nuevo, ni exclusivo de esta mayoría ni de este gobierno. Legislar a hueviori es una costumbre tan antigua como el escaño mismo
A nadie sorprende que nuestro Congreso trabaje a marchas forzadas, lo raro sería que lo hiciera pausadamente, con orden y criterio.
En apenas nueve días, del 23 de junio al 1º. de julio, despacharon 17 dictámenes. Como si fuera maratón y no el Poder Legislativo, terminaron antes de lo previsto.
No es algo nuevo, ni exclusivo de esta mayoría ni de este gobierno. Legislar a hueviori es una costumbre tan antigua como el escaño mismo.
En el fondo, pocos podrían decir que estudiaron lo que aprobaron. Tanto del lado del oficialismo como de la oposición. Votaron sin leer los dictámenes completos. Bastó con que les ordenaran si debían votar a favor o en contra.
Para quienes llevan años en el Congreso, esto no es novedad. Con soberbia y cinismo, algunos presumían que estudiar dictámenes extensos, horas antes de votar, era prueba de sus habilidades.
No fueron reformas menores: se creó una nueva ley de inteligencia que concentra bases de datos públicas, se aprobó una CURP biométrica obligatoria y se avaló la geolocalización en tiempo real, aunque insistan en que “sólo” se usará con una orden judicial. La Guardia Nacional quedó formalmente militarizada y con facultades de investigación.
La nueva Ley de Telecomunicaciones también entró en ese paquete, pero en una versión más descafeinada. En abril, la propia presidentA Sheinbaum frenó su aprobación ante las críticas por permitir el bloqueo de plataformas digitales y concentrar decisiones en una sola persona.
Pidió una pausa para revisarla, hubo cinco foros y algunos cambios. Finalmente se aprobó hace una semana.
Todo se votó sin tiempo para la digestión. Iniciativas que llegaron con cambios de último minuto, modificaciones hechas horas antes; dictámenes que ni pasaron por comisiones en San Lázaro.
La reforma sobre desaparición forzada, que se buscaba aprobar a finales de marzo, tuvo que frenar su curso en ese momento, ante la presión de colectivos y madres buscadoras. Se abrieron mesas, simbólicas, de diálogo. De más de 570 propuestas en esas sesiones, sólo 30 fueron integradas. Así se justificó llevar el dictamen al periodo extraordinario. Los cambios fueron meramente cosméticos.
¿Y la oposición? Escandalizada. Habló de gobierno espía, de autoritarismo, de un Big Brother. Del otro lado, en cambio, respondieron con la fórmula ya conocida: no es espionaje, es inteligencia. No es control, es modernización. No es fast track, es eficiencia.
La presidentA defendió cada reforma. Aseguró que no habrá espionaje, que quienes hoy gritan son los que sí espiaron en el pasado. Puede que tenga cierta razón, pero el fondo no se resuelve con el “Sí, pero tú me pegaste primero”.
Cada día se presentaban dictámenes de más de 200 páginas en promedio, que se aprobaban en cuestión de horas. Una sola sesión podía acumular dos o tres de estos documentos. El ritmo no era legislativo, era de producción en serie.
¿Entendieron lo que se aprobó? Quizás no.
Discutieron el uso de delfines en espectáculos, la exportación de totoaba y una modificación para incorporar a las mujeres patriotas en el calendario cívico.
Legislar al vapor puede dar números para presumir en una conferencia de prensa, pero no les da legitimidad.
No es que lo aprobado carezca de mérito. Hay medidas útiles para la búsqueda de desaparecidos, el combate al lavado de dinero o la digitalización de trámites. Pero la forma mata al fondo.
Un Congreso que legisla sin deliberar, que improvisa cambios, que vota en automático y que desoye incluso a los suyos, no construye futuro sino fabrica sospechas.
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