¿Lawfare a la 4T?

Con una amplia experiencia en litigios penales y disputas trasnacionales, además de una amplia cartera de clientes en ambos lados del Río Bravo, Juan Pablo Morillo es uno de los abogados más recurridos por las élites mexicanas amenazadas por la política de cero corrupción.

Basado en Washington D.C., Morillo es codirector del área especializada en investigaciones corporativas y delitos de cuello blanco en Quinn Emmanuel, uno de los despachos jurídicos más poderosos de Estados Unidos. Y junto con su homólogo mexicano Martín Cano se ha involucrado en algunos de los casos de alto impacto que actualmente envuelven a la Cuarta Transformación.

Su extensa hoja de casos relevantes en materia criminal incluye, por supuesto, la defensa de “un alto funcionario judicial mexicano en relación con una demanda multimillonaria en curso por soborno” en Estados Unidos. Pero el exsecretario de Seguridad Pública de la administración calderonista, Genaro García Luna, no es el único integrante de un gabinete mexicano que ha contratado sus servicios. También lo contactó el general Salvador Cienfuegos. Y los exgobernadores priistas Rodrigo Medina y César Duarte…

Uno de los principales empresarios de América Latina en relación con la expropiación de 2,000 millones de dólares en activos y los procedimientos penales relacionados, incluida la extradición.

Y es que Morillo también se ha involucrado en otros litigios civiles y mercantiles, como representante de empresas mexicanas, entre ellas la farmacéutica Teva y los bonistas noruegos que demandaron a Citi, por las pérdidas —más de 1,000 millones de dólares— que sufrieron, luego del caso Oceanografía.

En el sexenio anterior, Morillo litigó por la causa de los empresarios petroleros. Así es que tomó el caso de Gonzalo Cañedo White —“dueño de una de las mayores empresas mexicanas de gestión de activos”— en relación con una disputa de 1,000 millones de dólares con sus socios internacionales en Oro Negro.

Alonso Ancira, Víctor Álvarez Puga, Gonzalo Gil White y Guillermo Álvarez engrosarían su cartera de clientes mexicanos, si es cierta la versión de que Juan Collado —quien propuso un criterio de oportunidad a la FGR y denunciara a sus abogados. por un intento de extorsión— buscara contratar a Quinn Emmanuel, para presentar una demanda contra el Estado mexicano en cortes estadounidenses.

En esa iniciativa —de acuerdo a versiones no confirmadas que circularon profusamente a mediados de la semana que termina— también participaría Martín Cano, quien participó en la defensa de Ancira, extraditado por el gobierno español y emplazado por las autoridades mexicana a reintegrar los 250 millones de dólares producto de la operación de compra-venta entre Pemex y AHMSA, por la planta Agro Nitrogenados.

En Miami —de acuerdo a esas versiones— sería presentada esa denuncia por la deficiencia de las actuaciones de la Fiscalía General de la República y presuntas extorsiones de altos oficiales del gobierno mexicano. El desenlace de esos esfuerzos ocurriría en vísperas de elecciones presidenciales del 2024 en México. ¿Lawfare a la Cuarta Transformación? Al tiempo…

Efectos secundarios

INDICIOS. Juan Collado sostiene que fue presionado vender Caja Libertad a cambio de su excarcelamiento. Pero hay otros datos: en marzo del 2021, la CNBV catalogó a esa institución en nivel 3 de riesgo y a casi un año, la sofipo más grande del país ha emprendido la ruta de la recuperación, con la reinversión de más de 170 millones de pesos en los últimos meses. Su principal accionista es la fuente de la versión de su venta, lo que niegan sus socios. Actualmente la institución crediticia tiene casi 2.5 millones de clientes y 1,800 empleados principalmente en la zona centro del país. Y aunque la situación de Collado sigue sin resolverse, su actual administración no ha dejado de implementar distintas estrategias para atraer a nuevos inversionistas, aumentar la cartera de clientes y mejorar la efectividad de la recuperación de la cartera de crédito.