Nada parece que lo vaya a apartar de ese camino y, por el contrario, podemos esperar más, mucho más y de mayor riesgo para la estabilidad económico-política del país
Justo cuando a este gobierno le quedaban 500 días y sus 500 noches, según la Constitución, el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó una decisión que eleva las preocupaciones de que este régimen bordea ya peligrosamente los límites de la legalidad.
Expropiar algunos activos de Grupo México como lo dictó López Obrador es legal, pero la acción tiene tintes autoritarios, imposibles de justificar en el bien común y sólo comprensibles en función de sus caprichos de infraestructura.
Sobre todo, con esa toma “sorpresiva e inusitada” con las Fuerzas Armadas lo que hace López Obrador es mandar una señal que ahonda en la desconfianza empresarial que ya existe en este régimen.
El Presidente estuvo a punto de recurrir a una expropiación a principios de abril pasado cuando finalmente Iberdrola tuvo que venderle las plantas de generación de energía eléctrica.
Gracias a la intervención del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, todo terminó en un creativo pero oneroso mecanismo de compra de las 13 plantas de la empresa española. Pésimo negocio pero que impidió lo que hoy sí angustia, la facilidad de dictar expropiaciones. “Exprópiese”.
Con esto, el que está a prueba es el titular de Hacienda y su balance entre la sumisión y el sentido común.
Son 500 días y sus 500 noches de una presión inevitable que se notó de inmediato en las cotizaciones bursátiles.
No sólo por el desplome del precio de las acciones de Grupo México, que perdió cientos de millones de pesos con el decretazo, sino la caída del mercado por los temores que hoy quedan demostrados.
La Secretaría de Hacienda ya está, ahora mismo, malabareando las cuentas públicas para que la caída en la recaudación no provoque estragos fiscales. Seguro que no querrán ver que la incertidumbre trasladada a los mercados descomponga más el panorama de las finanzas públicas.
Toda crisis lleva el nombre del Presidente que la provocó, pero inevitablemente le acompaña la identidad de su secretario de Hacienda, quien de por vida debe portar la Letra Escarlata entre los participantes del mundo financiero.
Las corcholatas serán muy obedientes para respaldar este tipo de medidas radicales de su gran elector, pero deberían pensar en qué condiciones les dejará López Obrador el país que pretenden gobernar.
López Obrador lleva varios meses elevando su apuesta, una que apunta a conservar el poder al precio que sea.
Se trata de una estrategia que por momentos ya pisa fuera de la legalidad, como el decreto con el que responde a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de no esconder la información de sus obras emblemáticas.
Eso es un claro desacato a la sentencia definitiva e inapelable determinada por el máximo tribunal.
Nada parece que lo vaya a apartar de ese camino y, por el contrario, podemos esperar más, mucho más y de mayor riesgo para la estabilidad económico-política del país.
Ahí quedan las potentes imágenes del régimen a 500 noches del final. Los marinos empuñando sus armas largas en medio de los trabajadores sorprendidos de las instalaciones de Ferrosur en Veracruz, al tiempo que el gobernador de ese Estado, Cuitláhuac García, llevaba ataúdes a la Suprema Corte con las fotografías de los ministros.
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